ANÁLISIS A FONDO
La novedad de las Policías Estatales Coordinadas
Francisco Gómez Maza
Un paquetón para el nuevo gobierno
Sobre todo, lograr policías honestos
Ciudad de México.- Titánica, peliaguda, será la tarea de reformar las corporaciones policiales, víctimas de la corrupción y, en muchos casos, coludidas con bandas del crimen organizado y el narcotráfico.
Pero suena novedoso el proyecto de las Policías Estatales Coordinadas, en el que las policías municipales se conviertan en policías de proximidad para cuidar los barrios, unidades habitacionales, mercados, zonas turísticas y otros espacios públicos, así como el de la Gendarmería Nacional, como un cuerpo de control territorial. Sólo que no sean únicamente cambios cosméticos como sucedió con la creación de la Policía Federal en tiempos de la decadencia mexicana.
Los retos del presidente Enrique Peña Nieto y del poder legislativo para acabar con la violencia, restaurar la seguridad pública, la justicia, y defender los derechos humanos como política de Estado parecen descomunales y, por tanto, irrealizables. Se están echando sobre los hombros, al haber firmado el Pacto Por México, una tarea que requiere recursos y, sobre todo, la decisión de anteponer el interés de los ciudadanos víctimas por haber perdido un familiar por asesinato, secuestro o desaparición forzada.
Hoy a alrededor de las once de la mañana, en el Consejo Nacional de Seguridad, se despejarán muchas dudas, luego de que el Ejecutivo presente la primera parte de su estrategia de combate a la inseguridad.
El viernes, Peña Nieto y el gobernador Miguel Ángel Mancera se reunieron como cuatro horas para conversar sobre el proyecto “Escudo Centro” con el que el gobierno de la ciudad busca blindar esta región ante la delincuencia.
En principio, el esbozo de la estrategia presentado por Peña Nieto, en su mensaje en palacio nacional, luego de haber rendido protesta ante el Congreso, el sábado primero de diciembre, sólo reveló el planteamiento general de enfatizar la prevención del delito, y a partir de ahí concretar planes e impulsar inversiones en programas transversales que involucran a todas las dependencias federales.
Pero la tarea es a simple vista inalcanzable. Peña Nieto y los principales partidos con representación en el Congreso se comprometieron a una serie de acciones legislativas y ejecutivas que tendrán que concretar lo más pronto posible, porque así lo exige la situación de violencia que padece la población.
En lo que se refiere a la defensa de los derechos humanos, los llamados poderes se comprometieron a sacar varias leyes como la de Reparación del Daño, la de Atención a Víctimas y la del uso legítimo de la fuerza pública.
Los acuerdos van desde el fortalecimiento de los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos y periodistas, los derechos de los migrantes, la tortura, los tratos crueles, inhumanos, degradantes, y la desaparición forzada.
En el tema específico de la Seguridad y la Justicia, el principal objetivo es recuperar la paz y la libertad, disminuyendo la violencia, reducir los asesinatos, los secuestros y las extorsiones, mediante un Plan de Prevención y Participación Comunitaria. El Pacto por México prevé, para los municipios más violentos, el avance del Sistema de Seguridad Social Universal; programas de combate a la pobreza escuelas de tiempo completo; el Programa de Empleo para Jóvenes y la recuperación de espacios públicos.
La implantación, en todo el país, del nuevo sistema de justicia penal, acusatorio y oral, así como de un Código Penal y un Código de Procedimientos Penales Únicos para todos los estados de la federación, la reforma a la Ley de Amparo, y una reforma integral del sistema penitenciario para acabar con el hacinamiento y la convivencia de presos federales y no federales, son otros compromisos de urgente necesidad.
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