• Con vil impunidad, allanan las instalaciones de Contralínea
• Los reporteros y trabajadores, amenazados y amedrentados

Me causa una santa ira el allanamiento perpetrado, el pasado miércoles 11 de febrero, a las 15:20 horas, por representantes del Grupo Zeta, que dirige Alonso Zaragoza López, a las instalaciones de la revista Contralínea, por dos poderosísimas razones: la primera, por el hecho mismo, condenable desde cualquier ángulo que sea visto, ya sea desde la derecha o desde la izquierda, e inclusiva desde el inexistente y vacío centro. La segunda, porque Miguel Badillo es mi amigo, mi hermano, mi colega desde hace siempre; hemos convivido, hemos trabajado juntos en la reporteada y, aunque no podemos frecuentarnos, siempre estamos pendientes el uno del otro. Y me indigna también, porque Badillo no publica ni siquiera una mentada de madre antes de confirmarla.
Los bandidos del Grupo Zeta, coludidos con actuarios presuntos del poder judicial y de la "muy democrática" y perredista Secretaría de Seguridad Pública del DF, a toda costa quieren acabar con un medio de información y análisis –la Revista Contralínea-, porque es molesta, porque los desenmascara. Y lo más preocupante es que ésta es la segunda ocasión en que representantes del empresario gasero, accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del denominado Grupo Zeta, allanan las oficinas de la revista.
En agosto de 2008, los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuéllar Ontiveros, Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar, Sergio Guillermo González Pulido, irrumpieron por primera vez en las instalaciones, acompañados por guardaespaldas armados y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
El allanamiento fue encabezado por el abogado de la empresa gasera, Diego Romero Velasco, con una cauda de sicarios legalistas, dueños de la ley y el "orden" y jueces, juzgados y verdugos de la libertad de expresión, en un país democrático, entre los que se encontraron funcionarios públicos de Guadalajara y del Distrito Federal, y apoyados por el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y dos presuntos actuarios más del Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara, y por Eduardo Yáñez, "representante" de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, 25 policías de esa secretaría y cuatro guardaespaldas civiles, todos –de acuerdo con las fotografías que me envió Miguel por correo electrónico, con facha de maleantes y malvivientes.
Pero los allanadores -sin identificarse plenamente, ni mostrar a cabalidad la supuesta orden de diligencia que traían y amenazando al personal de Contralínea con acceder a los expedientes fiscales, financieros y periodísticos -no se quedaron satisfechos con su fechoría. Exigieron esculcar los escritorios y archiveros de los trabajadores y reporteros de la revista, siempre con el apoyo de los gorilas de Guadalajara y del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Marcelo Ebrard Cassaubón, advenedizo perredista que aspira a la Presidencia de la República y que con permitir estos atentados contra el periodismo verdadero, que es la voz de los sin voz, dibuja lo que podría ser su gobierno, de ser elegido para suceder al presidente Felipe Calderón.
Vaya, qué error tan grave sería que la mayoría de los electores votara por un personaje que de izquierda tiene lo que Barack Obama de auténtico demócrata. Un gobierno de "izquierda", "revolucionario y democrático", que permite que los medios analíticos y críticos sean objeto de maltrato, de amenazas, de allanamientos, de persecución de su director, Badillo (quien inclusive fue detenido por la policía hace unas semanas durante toda una jornada), y de la reportera Ana Lilia Pérez, no tiene ningún respeto a las leyes, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para la cual la libertad de prensa es intocable.
Durante 40 minutos, el abogado, los funcionarios públicos y los civiles amedrentaron a los reporteros y trabajadores, a quienes incluso empujaron. A las 16:00 horas se retiraron de las instalaciones. Esto quiere decir que los bandidos del Grupo Z lo único que pretendían con el allanamiento, con el apoyo de autoridades de Jalisco y del gobierno "revolucionario" del Distrito Federal, era amedrentar, humillar, decirle a Badillo que en esta ciudad no se permiten las investigaciones periodísticas a fondo, con pruebas fidedignas, confirmadas una y otra vez, como la confirmación de cualquier mentada de madre.
Qué le quedaba hacer a Badillo y a Ana Lilia Pérez, director y reportera de la revista, quienes, al tiempo que se daba el allanamiento de Contralínea, participaban en una reunión con la Comisión Especial para el Seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, donde se abordaba el tema de la "libertad de expresión en México". Qué contradicción. Mientras los diputados discutían la libertad de expresión en México, un grupo de maleantes allanaba Contralínea.
Lo dia-bólico intentando destruir lo sin-bólico, un acto que tiene que ser condenado por los verdaderos demócratas de este país triste. Apenas ayer, analizábamos en este espacio el estado de cosas en materia de agresiones y crímenes contra periodistas. Qué contrasentido. No quisiéramos referirnos ya más a estos entuertos, que ya no deberían de ocurrir en un país democrático, porque entiendo, y si no es así, desmiéntame, amable lector, que vivimos en un país democrático, de libertades, una de las cuales, la más sagrada, es darle voz a quienes no tienen voz, y sólo se los dan los medios auténticamente democráticos; no los que llenan sus espacios de publicidad y propaganda y rellenan con "información" los espacios que les quedan libres, que no pueden ser vendidos a publicistas y anunciantes.
Que otra cosa podía hacer Miguel, luego de enterarse del allanamiento de Contralínea, más que denunciarlo ante legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el mero acto en el que se estaba discutiendo la "libertad de prensa", reunión en la que participaban también funcionarios del gobierno federal. Según se desprende de la escasa información que se dio durante el allanamiento, la orden podría derivarse de alguno de los juicios por daño moral que se ventilan en el Juzgado 13 de lo Civil del Primer Partido Judicial de Guadalajara. El 16 de agosto de 2007, Jesús Zaragoza López presentó demandas en contra de Ana Lilia Pérez Mendoza y Miguel Badillo Cruz, director de las revistas Contralínea y Fortuna ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, por supuesto daño moral.
Creí que vivíamos ya en un país civilizado.

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