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SALVAR A JUÁREZ
Juan Reyes del Campillo
Las consecuencias de la violencia en Ciudad Juárez resultan escalofriantes. Al ser por mucho la ciudad en donde hay más homicidios dolosos, sesenta mil familias la han abandonado, miles de comercios se han visto obligados a cerrar sus puertas, el 30% de los adolescentes no estudia ni trabaja y muchos de ellos no han encontrado otra salida que organizarse en pandillas para protegerse de la violencia y la inseguridad. Esto nos muestra una urbe en donde el tejido social desapareció o dejó de existir desde hace varios años y, en síntesis, un habitat urbano que se encuentra gravemente enfermo.
Si los empresarios y comerciantes son cotidianamente amenazados, extorsionados o secuestrados y buena parte de la clase media con capacidad de consumo se va a vivir al otro lado de la frontera, resulta imposible que la ciudad sobreviva. Son ya muchos años de violencia e incertidumbre que evidencian que la política implementada para combatir la inseguridad ha resultado un absoluto fracaso. La visión militarista para enfrentarla terminó por agotarse y hoy, por fortuna, se plantea modificar la estrategia, a partir de llevar a cabo una amplia política social para enfrentar la situación.
Pero ante la perspectiva de realizar una nueva política para enfrentar la inseguridad, misma que implica una fuerte inversión de recursos, el gobierno del estado pretende hacerse presente cuando ha sido siempre omiso y negligente. Por eso la ocurrencia de trasladar a Juárez los poderes estatales. El gobernador no está interesado en la suerte de los juarenses, sino más bien por no quedar al margen de los recursos que deberán disponerse para enfrentar la crisis social.
Le preocupa que el gobierno federal se posicione y mejore la imagen de su partido en vistas de las elecciones del 4 de julio. El león cree que todos son de su condición, y vislumbra que la disposición de una gran cantidad de recursos que hará la federación lo llevará a perder la gubernatura. La presencia de un comisionado que, además de coordinar los operativos policiacos y militares, instrumente los programas sociales y económicos necesarios para revivir la ciudad, obliga al gobierno estatal a subordinarse a las directrices de orden federal.
Son muchos los programas que necesita la ciudad y son enormes los esfuerzos que se van a requerir para sacar adelante la lucha contra el crimen organizado. No obstante, lo cierto es que no bastan los recursos o una amplia disposición gubernamental para enfrentar el problema, pues hoy en día resulta obligado que debe hacerse presente la sociedad civil para que tenga éxito cualquier programa. No hay agenda posible si las organizaciones sociales no se involucran y nada será posible si simplemente se pretende dirigir y controlar su participación.
Quien realmente debe dirigir y encabezar los proyectos económicos y sociales es precisamente la sociedad civil. Desde luego, organizada en múltiples espacios que le permitan una participación amplia y de gran cobertura. Además, detrás de ello deberán encontrarse las fuerzas del Estado para garantizarles seguridad y protección, con tal de que se establezca un amplio frente de organizaciones que poco a poco vaya ganando confianza en la nueva estrategia que se pretende desarrollar.
En realidad se trata de una estrategia inédita en nuestro país, aunque el tamaño del reto lo amerita. Lo más difícil será superar el autoritarismo estatal y la firme creencia de la clase política de que debe controlarlo todo. También es verdad que si la sociedad civil se organiza, esta habrá de alcanzar cierto empoderamiento, el cual no será fácilmente controlable y manipulable por la autoridad.
Además, la batalla por salvar a Ciudad Juárez de las garras del crimen organizado es el inicio de una cruzada por recuperar la tranquilidad de la sociedad mexicana ante la exclusión social, la irritación pública y la violencia cotidiana que se han expandido en el país. A nadie le debe caber duda alguna de que se requieren nuevas estrategias, políticas inteligentes y mentes abiertas para atajar los graves problemas que hoy enfrentamos.
Cada vez resulta más evidente que con una política autoritaria y conservadora habrá de ser muy difícil, si no es que imposible, enfrentar la magnitud del problema. En otros países cuestiones similares se han ido resolviendo con la presencia y participación de diversas organizaciones sociales, aunque también asumiendo que el problema de las drogas no es meramente un asunto judicial, sino evidentemente algo más complejo que sin distinción atraviesa a todos los sectores sociales.
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