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DIARIO DE CAMPO
EVI, 5
Luis Miguel Rionda
A mediados de 1984 culminó la crisis política en el gobierno del estado de Guanajuato. El 7 de junio fueron removidos de sus puestos los secretarios de Gobierno Carlos Maquiavelo Martín del Campo, de Finanzas Raúl Robles Álvarez, y el Procurador de Justicia Enrique Gómez Guerra. Fueron sustituidos ese mismo día por nuevos funcionarios originarios del estado, pero radicados en la ciudad de México: Salvador Rocha Díaz, Miguel Angel García Domínguez y Fernando Gutiérrez Ortega, en los puestos respectivos. Años después Salvador Rocha declararía que:
“(...) en aquél entonces prevalecía una falta de liderazgo del gobernador (EVI), quien había heredado un vacío en el poder y, obviamente, algunos de los miembros de su gabinete afirmaban que había actos de corrupción graves en materia económica y, al parecer, con propósitos de hacer acopio de recursos materiales para imponer candidaturas o cosas por el estilo. Eso originó que el licenciado Velasco Ibarra me designara secretario de Gobierno, precisamente para corregir esas anomalías. (…) Por otra parte, se logró una reordenación política del estado, de tal forma que la elección de 1985 fue tranquila y el licenciado Corrales Ayala me llamó porque el Partido Acción Nacional reconoció el triunfo sin escándalo, pues las condiciones inconvenientes que prevalecían quedaron corregidas en un término de uno o dos meses. (PáginaUno, sección del UnoMásUno, 23 de enero de 1994).
La ciudadanía veía con recelo lo que sucedía y no daba crédito a las explicaciones que se daban a conocer a través de los medios informativos. Se hablaba de una violación a la soberanía del estado, pero en los espacios oficiales nadie se atrevía a decir nada. A partir de ese momento el Programa de Vigorización Municipal, emblema de la administración de EVI, quedó suspendido y se ordenaron investigaciones y auditorías para determinar la situación de las finanzas públicas.
El 26 de junio el gobernador dirigió un escrito al Congreso del Estado solicitando licencia para retirarse del cargo por 90 días, argumentando razones de “carácter personal”. En el mensaje que anexó a ese documento dijo:
“Jamás ninguna de mis acciones me apartaron de los cauces de la Ley. La hacienda pública se encuentra totalmente saneada. No hay ninguna deuda a cargo del Estado y existe, al momento, un superávit de más de dieciséis mil millones de pesos, lo que permitir no sólo terminar la obra pública en todo el Estado, sino proyectar y realizar nuevas tareas” (Diario de los debates, tomo II No. 5, 26 de junio de 1984, p. 2).
Esto originó un largo debate en el Congreso. Mientras que los diputados priístas exponían argumentos para que fuera aprobada la licencia solicitada por EVI, los diputados panistas, entre los que destacaba Antonio Obregón Padilla, se oponían terminantemente a ella. Pedían que se analizaran las causas que habían orillado al gobernador a tomar esa decisión, pues parecía evidente la intromisión del gobierno federal en asuntos de la soberanía estatal. Los integrantes de la Gran Comisión propusieron como gobernador interino al ministro de la Suprema Corte, Agustín Téllez Cruces, y el diputado Obregón Padilla, al ingeniero Arturo Torres Medina. La moción inicial fue aprobada con catorce votos a favor y cuatro en contra.
Continuará…
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