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| 502 23 de marzo de 2010 |
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ANÁLISIS A FONDO ¿A las órdenes de Washington? Francisco Gómez Maza
El asesinato de dos jóvenes universitarios, a quienes calificaron a priori como “zetas”, los sicarios más impíos, hace unos días, en los alrededores del campus del Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, fue producto de la inconsciencia con la que actúan las fuerzas militares y policiacas en los operativos. No somos capaces, ciertamente. Ya era hora de que hubiésemos obtenido buenos resultados, pero vamos de mal en peor. La gota que derramó el vaso fue el asesinato de los empleados del consulado estadounidense en Juárez, el sábado 13 de marzo, que ocasionó la indignación personal del presidente Barack Obama, a quién obviamente le parecen más importantes las muertes de sus empleados con los 17 mil muertos de todo el sexenio. Y este hecho ocasionó una invasión de agentes de la Drug Enforcement Agency (DEA) y del FBI para realizar ellos personalmente las investigaciones en torno a los hechos, porque no confían en las autoridades mexicanas, que se quedaron calladas ante la decisión de Washington de intervenir en la política interna de México, en nuestro propio territorio. Esta masacre provocó que el gobierno estadounidense tomara consciencia de la gravedad de la situación, pues los asesinos, sea el que fuere su origen, sus padrinazgos, su genealogía, tocó ya las fibras íntimas del Imperio y amenaza con expandirse en ese territorio meridional. Esta situación prácticamente obligó al gobierno de Obama a decidir la celebración de lo que se llama la Segunda Reunión de Alto Nivel del Grupo Consultivo México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, que se efectúa hoy martes en territorio mexicano y en la que los participantes de ambos países, bajo la batuta de los emisarios de la Casa Blanca, analizarán la evolución de ese proyecto de apoyo a las autoridades mexicanas en su lucha contra las bandas criminales y del narcotráfico, iniciativa que hasta ahora no ha funcionado por la decidia de los funcionarios encargados de ponerla en marcha y por la falta de presión de los personeros del gobierno mexicano. Encabeza formalmente, protocolariamente, el encuentro del Grupo de Alto Nivel la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, Patricia Espinosa Cantellano, pero en realidad la que llevará la voz cantante es la secretaria de Estado de Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton. El objetivo de la reunión, en la que participan funcionarios estadounidenses y mexicanos, es revisar los avances en la materia durante 2009 y lo que va de 2010. Pocos avances, ciertamente, si no es que retrocesos. De acuerdo con información del Departamento de Estado de Estados Unidos y de la cancillería mexicana, por Estados Unidos también intervendrán los secretarios de la Defensa, Robert M. Gates, y de Seguridad Interna, Janet Napolitano, así como el jefe del Estado Mayor Conjunto, almirante Michael G. Mullen. Está programado que asista también el consejero presidencial de Seguridad Interna y Contraterrorismo, John O. Brennan; el asesor de la Secretaría de Seguridad Interna para Inmigración y Aduanas, John Morton; el director de Seguridad Interna, Dennis Blair, y el viceprocurador, Gary Grindler. Estarán además el director adjunto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Adam Szubin, y la subdirectora para Control de Oferta de la Oficina Nacional de Control de Drogas de la Agencia Antidrogas (DEA), Michele M. Leonhart. O sea que el asunto del asesinato de los empleados consulares movió a todos los miembros de la plana mayor del gabinete de seguridad del vecino país. Creo que ni para la invasión de Irak, ni para elaborar la estrategia de la de Afganistán se reunieron todos. Por el gobierno de México –con enorme desventaja- estarán en la reunión los secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont; de Seguridad Pública, Genaro García Luna; de Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; y de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza, además del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez. Se trata de la segunda reunión formal del Grupo Consultivo de Alto Nivel, luego de la celebrada en Washington en 2008. Hasta el momento, Estados Unidos ha aprobado un presupuesto para la Iniciativa Mérida de mil 351 millones de dólares, aunque no se ha entregado todavía la totalidad del equipo o los recursos. Sin embargo, el gobierno de Barack Obama ya solicitó 310 millones de dólares adicionales para esa iniciativa en la petición presupuestal de 2011, que entrará en vigor el 1 de octubre próximo. De acuerdo con información de la cancillería mexicana, la Iniciativa Mérida tiene como objeto promover la cooperación entre los dos países conforme a los principios de autodeterminación, no intervención, igualdad jurídica y respeto a la integridad territorial. De manera explícita ha quedado asentado que la iniciativa no faculta a las autoridades de una de las partes a emprender, en el territorio del otro, el ejercicio de funciones cuya jurisdicción o competencia estén exclusivamente reservadas a las autoridades de esa otra parte. Ojo. Entonces por qué en el caso de los asesinatos de Juárez, la DEA y el FBI suplantaron a los investigadores mexicanos en nuestro propio territorio. Mary Anastasia O’Grady, analista de “The Wall Street Journal”, concide con nosotros cuando afirma, en un artículo publicado ayer lunes, que la guerra contra las drogas está condenada al fracaso, no obstante reuniones de “alto nivel”. El hecho de que Estados Unidos reconozca este problema compartido es algo saludable. Pero lo más probable es que las buenas noticias lleguen hasta ahí. La violencia a lo largo de la frontera se ha disparado desde que el presidente de México, Felipe Calderón, decidiera enfrentar a los carteles ilegales de narcotraficantes que operan en la región. Cerca de 7.000 soldados patrullan Ciudad Juárez, una urbe de aproximadamente un millón de habitantes. Sin embargo, ni siquiera la militarización ha logrado que reine la paz. La razón es simple: el origen del problema no es la oferta mexicana. Es la demanda estadounidense unida a la prohibición. Es dudoso que esta realidad se reconozca durante la reunión del martes. La industria de la guerra contra el narcotráfico, que incluye tanto al sector privado como una gigantesca burocracia gubernamental consagrada al "cumplimiento de las normas", tiene un enorme incentivo económico para que la guerra se siga librando. Ambos grupos tienen una influencia sustancial en los círculos políticos de Washington. Por lo tanto, es probable que prosigan los planes para convertir a Ciudad Juárez en un estado policial con la promesa de que más armas, tanques, helicópteros e informantes logren que los gángsters mexicanos sigan metiendo las drogas por las narices de los estadounidenses.
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Tenemos que aceptar, con sin–ceridad (con corazón), con honestidad (honor) que los mexicanos somos muy poco capaces de obtener satisfactorios resultados en esta cruenta guerra con el crimen organizado (hasta ayer llevábamos contabilizados conservadoramente alrededor de 17 mil muertos en el sexenio del presidente Felipe Calderón, muchos de ellos sin deberla ni temerla. Y en Ciudad Juárez, pese a la intervención personal del mandatario y a los operativos militares, la violencia no amaina. 
