TRANSICIONES

‘Quítate la máscara’                                                           

Víctor Alejandro Espinoza

El presidencialismo mexicano, como bien han concluido varios estudios, está basado en las facultades metaconstitucionales del Ejecutivo, antes que en una formalización constitucional de sus atributos. Es decir, no hay mucha diferencia en términos normativos entre el régimen presidencialista mexicano y otros casos, por ejemplo, el norteamericano. En el pasado reciente el poder presidencial tenía su matriz en la relación de subordinación del partido (PRI) respecto al Ejecutivo. Toda la estructura piramidal tenía su techo en la presidencia de la República y de ahí hacia abajo hasta llegar al ciudadano, el último eslabón de la cadena corporativa.

          Había a la vez una subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo. Los presidentes gozaban de pleno control del Congreso de la Unión pues el PRI contaba con mayoría absoluta (y calificada). Era el estado ideal para un presidente…y para el autoritarismo. Esa situación de pleno poder llegó a su fin en 1997 cuando producto de las elecciones intermedias de aquel año, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y se inauguraron los Gobiernos Divididos. Pero desde ese día inicio la nostalgia por los gobiernos unificados.

          Cuando en 1997 el partido del presidente ya no contó con la facilidad para imponer iniciativas y por el contrario el Congreso adquirió autonomía, se dijo que por fin el régimen político mexicano conocía una de las aristas centrales de la democracia: la división real de poderes. En el largo periodo postrevolucionario, prácticamente ninguna iniciativa presidencial era rechazada, cuestionada o enmendada. En adelante, la negociación y los acuerdos deberían ser la condición para la práctica legislativa. Sin embargo, relativamente muy poco tiempo después, sobre todo a partir de 2000, cuando se inaugura la alternancia federal, las quejas contra el actuar del Congreso se incrementaron. Durante el gobierno de Vicente Fox hubo momentos de crisis, que encontraron un momento culminante con la negativa del Senado, el 9 de abril de 2002,  de otorgarle un permiso para viajar a Canadá y Estados Unidos. En el resto del sexenio siguió la misma tónica tirante en la relación entre los dos poderes.

          Durante el sexenio de Felipe Calderón las relaciones no han sido tersas; incluso producto de la elección de 2009 el PRI recuperó la mayoría relativa que tuvo en 2003 y con ello un poder fundamental. Desde diversas tribunas al Congreso se le demonizó. Se convirtió en el objetivo central de la crítica de diversos medios de comunicación; la ciudadanía se hizo eco de ese ataque frontal y del descrédito general de la clase política. Se convirtió en algo muy redituable achacar al Congreso todos los problemas de México. Sobre todo, la crítica se ha centrado en la improductividad de los legisladores y en una supuesta parálisis: no aprueban ninguna de las “reformas estructurales” que le urgen al país. Una de ellas, la propuesta de reforma política presentada al Senado por Felipe Calderón el 16 de diciembre del año pasado.

          Los días 23 de febrero y 18 de marzo, un grupo de “opinadores”, políticos en retiro y académicos, publicaron un desplegado que titularon: “No a la Generación del No”. Señalaron: “Tres años llevan detenidas las reformas de fondo que el país necesita. La propuesta de cambios políticos hecha por el gobierno empieza a andar el mismo camino: la negación, la parálisis. Es inaceptable el bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas. Tiene detenido a México”. De manera que la salida para este grupo de notables es redimensionar el poder presidencial. La única manera de que funcione el Congreso es el retorno a los gobiernos unificados. Que el presidente tenga la mayoría absoluta para que las “reformas estructurales” sean aprobadas. Es la añoranza de los días idos. La democracia es tortuosa pues requiere de mucha negociación y acuerdos entre las fuerzas políticas. Es más ágil el presidencialismo sin acotaciones; legislar sin limitantes. Así fue y así lo quieren los “abajo firmantes”.

          De la mano de estas posturas ha crecido la demanda de que es momento del pragmatismo: aprobar las reformas sin mayor discusión. “Pasemos del debate a la acción”, se insiste. Apenas cuando empezamos a vivir una de las premisas básicas de la democracia: la discusión abierta de los asuntos públicos; hay quienes prefieren no perder el tiempo. Flaco favor le hacen a la vida pública nacional los aduladores profesionales. Restauración autoritaria disfrazada de democratismo es lo que andan vendiendo.

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