TRANSICIONES
Espiral
Víctor Alejandro Espinoza

Hace unos días, el 26 de octubre, se dio a conocer a nivel mundial el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC). En nuestro país tuvo escasa difusión, seguramente por los resultados que muestra. Efectivamente, en otras latitudes tuvo un impacto directo sobre la opinión pública, pero me da la impresión que aquí se buscó que pasara desapercibido.

El IPC lo difunde una organización de la sociedad civil a nivel global que lucha contra la corrupción: Transparencia Internacional (TI), que consta de representación en 90 países y cuyo secretariado internacional se encuentra en la ciudad de Berlín, Alemania. Surgida en 1993, es la única organización no gubernamental y sin fines de lucro dedicada exclusivamente a combatir la corrupción a nivel mundial; de ahí su prestigio y legitimidad y el alcance de sus estudios. TI define a la corrupción como “el abuso del poder encomendado para obtener beneficios personales”. El ICP clasifica a los países según la percepción de la corrupción en el sector público.

Los datos dados a conocer incluyen una clasificación de 178 países. El índice se construye con diferentes fuentes, 13 en concreto proporcionadas por 10 instituciones independientes. La evaluación de los países la realizan expertos (residentes y no residentes) y líderes empresariales. Además se toman en cuenta las encuestas y consultas realizadas a dichas comunidades de expertos. Se trata de una sofisticada metodología que sigue diversos pasos para al final brindar una medición apegada a la realidad. Esto se refleja en que dicho índice es muy poco cuestionado, incluso por aquellos a quienes se les evalúa con altos grados de corrupción pública.

La clasificación se basa en una escala de 0 a 10 puntos, donde 9 a 10 significa que son países “muy limpios” de corrupción y de 0 a .9 “altamente corruptos”. Es decir, a menor puntuación, mayor corrupción. En esta ocasión los tres países mejor evaluados fueron Dinamarca, Nueva Zelanda y Singapur con 9.3; y los peores: Somalia con 1.1, Myanmar y Afganistán, con 1.4. México se ubicó en el número 98 de los 176 países, con una calificación de 3.1. Quedamos por debajo de Perú (3.5), Colombia (3.5), Cuba (3.7), Brasil (3.7), Costa Rica (5.3), Puerto Rico (5.8). Los dos países latinoamericanos mejor evaluados fueron Uruguay (6.9) y Chile (7.2). Si de algo nos sirve de consuelo, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Haití, Paraguay y Venezuela, resultaron peor clasificados.
Así, México quedó en el lugar 98 y con referencia a nuestros vecinos del norte, bastante alejados a pesar de la geografía: Estados Unidos resultó el país número 23, con un 7.1. Insisto: Chile se situó por encima de Estados Unidos, en el lugar 21. Pero quizás más relevante sea verlo en perspectiva: en 2000 nos situamos en el lugar 59 (de 90) pero con una calificación de 3.3; mientras que en 2002, estábamos en el lugar 57 (de 102), pero con un 3.6. Si tomamos como referencia este último dato, podemos afirmar que hemos caído en la corrupción de manera considerable en los últimos 8 años y que estamos peor evaluados en este rubro respecto al año 2000. Comparativamente, Colombia, en 2000 recibió un 3.2; en 2002, 3.6 (igualado con México), pero subió en este año a un 3.5, para ocupar 20 lugares por encima del nuestro.

Preocupa sobremanera que pese a que el gran logro institucional de los dos últimos gobiernos federales haya sido la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información el 20 de diciembre de 2002, la corrupción en el sector público haya crecido; o al menos la percepción que se tiene de ella. Muchos analistas consideran que  ha crecido la percepción porque ahora hay más transparencia; quizá hoy tenemos mayor información, pero no hemos avanzado en la rendición de cuentas.

También ha crecido entre la burocracia política la posición de que se debe da marcha atrás en la transmisión de la información de las actividades y recursos de la administración pública y sobre todo, de los funcionarios. La opacidad se encuentra ligada indisolublemente a la corrupción y ésta a la impunidad.

La corrupción es el punto central de donde se extiende la espiral que nos lleva a la violencia que hoy nos ahoga. Si no avanzamos, y al contrario retrocedemos como lo muestran los datos en el combate a la corrupción, la función pública seguirá siendo considerada como un botín a repartir entre el burócrata mediocre y su camarilla. De ahí al precipicio hay sólo un paso.

Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
victorae@colf.mx

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