HORIZONTE CIUDADANO
Zona de muerte y delitos
Rosa Esther Beltrán Enríquez
Saltillo.- De nuevo, la tragedia se enseñoreó en las minas de la Región Carbonífera. Lo malo es que ya no es sorpresa, la gente simplemente dice: ¡otra vez! Y como colofón quedan miles de huérfanos y viudas expuestos a todas las consecuencias que la ilegalidad laboral arrastra en estos casos que ya se han vuelto cotidianos.
Al homicidio industrial del 19 de febrero de 2006 en el que murieron 65 trabajadores en la mina 8 de Pasta de Conchos, que trascendió a nivel internacional, siguieron el del 3 de mayo de 2011, que cobró la vida de 14 mineros; este año han sido 4 accidentes y 10 los trabajadores fallecidos, de manera que en poco más de 6 años han sido 89 mineros los que han muerto por desatención y falta de medidas de seguridad; así que prácticamente, nada ha cambiado después de la tragedia de Pasta de Conchos.
La falta de medidas de seguridad y de atención a trabajadores de las minas, persisten. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha reconocido que las empresas incumplen las normas más elementales de seguridad, el año pasado Ramiro Flores Morales, integrante de la Comisión de Energía y Minas del Congreso local admitió que se abrieron en los últimos meses más de 50 pozos que operan al margen de la ley, en forma rudimentaria y sin medidas de seguridad por la falta de supervisión.
La STPS ha jugado un papel muy destacado en cuanto a omisión para la vigilancia del cumplimiento de la Ley del Trabajo. No bastan las inspecciones y las sanciones a los empresarios que explotan los pozos para extracción del carbón, se requiere todo un plan de recate de esta zona.
El año pasado la Unión Nacional de Productores de Carbón y la Unión Mexicana de Productores de Carbón ofrecieron que comenzarían a operar una “central de rescate” y un hospital con una inversión de alrededor de 12 millones de pesos que contarían con expertos en seguridad los se encargarían de la verificación para subsanar anomalías en los centros laborales.
Hace 8 meses la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación especial cuyo propósito era recopilar información en base a los expedientes de queja, en los informes de organizaciones de la sociedad civil, en la legislación, estadísticas y entrevistas, mediante visitas de esta Comisión a los centros de trabajo.
Según las evidencias obtenidas por la CNDH, las condiciones de trabajo en las minas evaden lo establecido en la Ley del Trabajo y en los Tratados Internacionales firmados por nuestro país, además de que el Estado mexicano no ha emprendido las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos laborales y humanos de los mineros.
Lo importante es que el diagnóstico de la CNDH va más allá de las condiciones laborales que padecen los mineros de la Carbonífera, “con un desarrollo en condiciones no óptimas de educación, falta de oportunidades de empleo, que orillan a los trabajadores a laborar sin capacitación y sin el equipo de protección necesario".
Que Rubén Moreira y su esposa visitaron a las familias de las víctimas, es algo que sirve para la foto y para que corra la tinta en las páginas de los periódicos, la familia Moreira tiene más de 6 años en el poder y ha sido claramente incompetente para aliviar la miseria de esa región y establecer ahí un mínimo de gobernabilidad.
Una prueba de la anterior afirmación es que recientemente se manifestaron en la Plaza de Armas 60 ejidatarios de la Región Carbonífera, me entrevisté con ellos, el objetivo de su mitin era denunciar al Gobierno estatal la inseguridad en la que vive la zona rural de esa zona.
Los ejidatarios denuncian ser víctimas del abigeato, robo de su maquinaria agrícola, cableado eléctrico y trasformadores, entre otros, sin que haya ninguna atención y menos sanciones por parte de quien dice ejercer la autoridad, los campesinos describen su situación como de total indefensión ante la completa impunidad de los maleantes.
Rubén Moreira dijo: “De la seguridad me encargo yo”. Le pregunto, ¿y quién se encarga de la inseguridad? La Región Carbonífera requiere respuestas efectivas y eficaces. Es pertinente la recomendación que la CNDH emitió ayer: Que el Gobierno de Coahuila inicie una campaña intensiva de difusión de los derechos laborales de los mineros, impulse la educación y cree fuentes de trabajo para que la sociedad tenga la posibilidad de conseguir un empleo con mayores estándares de seguridad.
"Es necesario que el Gobierno de Coahuila impulse las sociedades cooperativas, así como el fomento a la educación en la zona minera y la creación de otras fuentes de trabajo", dijo el sexto visitador de la CNDH Juan Pablo Piña.
Señor Rubén Moreira, Coahuila requiere resultados.
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