El Pozo de vivales y propietarios

Lylia Palacios

A río revuelto, ganancia de pescadores, dice el refrán, y en este caso significa que ante el clima de desgobierno que vive la ciudad y el estado, los “vivos” ya andan haciendo pingües negocios a costa de los más pobres.

El desalojo de 100 familias que habitaban 10 vecindades en el antiguo barrio El Pozo, contiguo a la colonia Industrial, es una violación a los más elementales derechos humanos que no pude ser callada ni solapada. No sólo los desalojaron, ¡destruyeron sus casas!, sin importar que quedaran expuestos a la interperie en la calle. “Ay, pero eran posesionarios”, dicen las buenas conciencias, vigilantes de la sacrosanta propiedad privada. Pero, ¿acaso esa condición irregular le da derecho a un juez a enviar 60 policías y 13 patrullas a proteger las maquinas y hombres que redujeron a escombros las viviendas de estas familias? Es un caso que huele más a negocio vil por cualquier lado que se le vea.

El Pozo es el predio de posesionarios más antiguo de Monterrey. Surge al despuntar el siglo XX, al lado de la fulgurante Cervecería, el faro que atraía a la migración ansiosa de trabajo. Dice Celso Garza: “El Pozo, junto a la Cervecería Cuauhtémoc, era una realidad y los posesionarios tomaban su lugar en las vías de ferrocarril, entre Colón y Calzada Victoria. Nuevos regiomontanos se afianzaban a la urbe que les daba sustento y trabajo.” (El Norte, 20 de marzo de 1996.) Es decir, estamos hablando de un lugar que no fue ocupado ayer, sino hace ¡100 años! ¿De dónde saca el juez como justificante del atropello, una supuesta demanda contra esos colonos ¡por falta de pago de renta desde el año pasado! ¿Quiénes son los demandantes, quiénes son los “dueños”? ¿Por qué esa acción tan violenta y expedita? ¿Por qué ahora que se está remodelando la Central de Autobuses se saca a patadas a todos los que habitan exactamente atrás de la Central? Y no es pura especulación. Conviene remitirnos a los antecedentes.

El Pozo, habitado primero por entusiastas migrantes deseosos de integrarse al desarrollo de la ciudad, al paso de los años, el abandono en que siempre se le tuvo por su condición irregular (hasta los años noventa seguía careciendo de servicios de agua y drenaje), terminó por empobrecer las condiciones de vida se los que se fueron quedando allí. Pero, el crecimiento de la ciudad fue dejando este predio en el centro de la misma, convirtiéndose en un lugar valioso.

En 1992 se impulsó el proyecto de ampliación de la Central de Autobuses, con la protesta de los colonos de El Pozo, ante el temor de un desalojo. Ellos mencionaban que el gobierno de Martínez Domínguez les había prometido regularizar su situación, pero no se concretizó (recordemos el programa de regularización “Tierra Propia”). Las notas que recogió entonces El Norte, nos ilustran: el 20 de octubre de 1992, menciona que allí habitaban familias desde hace más de 70 años y respecto a la propiedad del predio, aluden: “…cuyos propietarios originales se pierden en el tiempo”. O séase que hace 18 años los propietarios ya entonces “se perdían en el tiempo”.

En una editorial del mismo periódico, del 23 de octubre del mismo año, y en el contexto de la posible construcción de una central de autobuses, se dice: “Desde el punto de vista urbano, los terrenos de El Pozo tienen un valor incalculable, porque están ubicados en el corazón de la ciudad. Es evidente que tarde o temprano este sector desaparecerá, porque es incompatible con el crecimiento de la ciudad (…) En estas circunstancias, lo mejor sería una concertación entre el gobierno del estado y los posesionarios, para que aquél rescatara terrenos valiosos a los que se les daría un uso social sobresaliente, y éstos fueran indemnizados de tal forma que pudieran adquirir casas habitación más dignas y con todos los servicios, en alguna colonia.” Era un argumento racional, humano y legal, que en la acción de hace unos días se pasó por alto en todos sentidos.

Ahora bien, de las dos notas anteriores podemos concluir lo siguiente: a) es más que dudosa la autenticidad de propiedad que supuestamente está atrás de la demanda y de la orden de desalojo del juez; b) no obstante, ni la propiedad más “legal” justifica destruir la vivienda de ningún ser humano;  c) por lo tanto, urge que las autoridades correspondientes informen públicamente de la “justificación” legal de tal medida, y del supuesto (o real) propietario; d) el gobierno municipal (PAN) y estatal (PRI), parece que están pintados (salvo que guarden algún interés en esta acción), pues están dejando a la ciudadanía ya no sólo en manos del crimen organizado, sino que también avalan a jueces y cuerpos policiacos que funcionan como grupos de choque contra la población desprotegida.

Ante esta situación, es pertinente preguntarnos quiénes siguen. El desgobierno y la ambición extrema por la vía del enriquecimiento rápido, puede ser el inicio de un caminito de consecuencias desastrosas, pues en el amplio centro de la ciudad existen aún predios “irregulares”, viviendas con renta congelada, en donde han vivido por décadas muchas familias pobres, pero que ahora parece ser el objetivo de algunos vivales.

¿Existirá alguna autoridad que se los impida? 

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