ANÁLISIS A FONDO

De periodismo a periodismo

Francisco Gómez Maza

Reporteros, en el filo de la navaja

Trabajan en estado de indefensión

Las empresas periodísticas están al filo de la navaja. Tienen que conjugar el derecho a informar y el derecho que les da la sociedad de consumo desperdicio a maximizar sus ganancias. En el momento actual, son las empresas mercantiles las que tienen más influencia en el espectro de la opinión pública, particularmente los medios electrónicos, la radio y principalmente la televisión. La guerra contra el crimen organizado, llamada ahora “batalla por la seguridad pública”, ha metido a los medios en un brete, en el que salen perdiendo los más débiles y en una que otra ocasión los poderosos, como Televisa, pero los que son más vulnerables son los reporteros que dedican su trabajo a investigar e informar de las actividades de las bandas del crimen organizado y de los operativos policiales militares. Los reporteros trabajan sin ninguna protección legal ni operativa. Son presa fácil de los poderes fácticos y de poderes institucionales que se ven afectados seriamente en sus intereses de grupo y personales por los reportes que los medios permiten que se publiquen. Uno que otro medio ha sido agredido por grupos de dudosa genealogía, que generalmente son asociados con el crimen y el narcotráfico. De acuerdo con las estadísticas del Comité de Protección a Periodistas, México es uno de los países más peligrosos del mundo para la prensa, según la investigación del CPJ. Más de 30 periodistas han sido asesinados y desaparecidos desde que el presidente Felipe Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006.

Los periodistas son un eslabón en la cadena de crímenes de las mafias de las drogas, como bien lo reseña el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet). El problema es que hay fallas en las investigaciones de la policía y que las leyes no son las adecuadas para garantizar la seguridad de los comunicadores. Las organizaciones de periodistas demandan al gobierno federal que se ocupe de las investigaciones de estos crímenes, usualmente confinadas al ámbito de las policías estatales, y que efectúe reformas legales para asegurar una impartición de justicia independiente y nacional.  Las reformas reclaman la jurisdicción de la fiscalía federal en la investigación de crímenes contra periodistas. El gobierno, al que se reconoce respeto a la libertad de expresión, ha asignado varios casos a fiscales federales. Pero afirma que las leyes acotan la jurisdicción federal en la investigación de delitos cometidos en los estados. Las autoridades han presentado iniciativas para reformar leyes penales que incluyen las dos demandas de los periodistas, pero éstas afrontan la parálisis legislativa y ausencia de cabildeo oficial, pues el partido de gobierno no cuenta con mayorías en la Cámara de Diputados, por lo cual parecen condenadas al fracaso. Además, detrás de los asesinatos y atentados se encuentran también policías y en ocasiones militares que trabajan para la delincuencia organizada, según se ha comprobado en varias investigaciones. Como en otras ocasiones, tras la actual racha de ataques a periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agremia a dueños de medios de comunicación, reclama al gobierno mayor protagonismo en la investigación y sanción de los culpables. Según la Asociación de Periodistas del estado central de Zacatecas, los comunicadores, más que nunca, están en estado de indefensión.  Las continuas protestas de asociaciones periodísticas contra los crímenes no parecen dar resultados.

Además de que las fuerzas gubernamentales son capaces de acallar la libertad de expresión de los informadores, y con ello el derecho a la información de los ciudadanos, el narcotráfico también ha hecho un paradigma del trabajo periodístico. Los periodistas que cubren dicha fuente se ven obligados a recurrir a diversos recursos con tal de guardar su seguridad. Los reporteros optan por ya no poner sus nombres en las notas de investigación y resumirlo bajo un “De la redacción”. De igual forma, varias publicaciones omiten los nombres de los cárteles y escriben simplemente “el crimen organizado”, en vez del Cártel del Golfo, del Pacífico etcétera; todo para evitar represalias. Incluso, los periodistas procuran salir a la calle con chaleco antibalas como prenda común. Además, los periodistas procuran no fungir como portadores de noticias para los mismos cárteles, por lo que ya no publican los narcomensajes que van acompañados de alguna amenaza. A causa del gran problema que representa el incremento en las agresiones hacia los comunicadores, el gobierno federal ha implementado diversas acciones; pero ninguna de éstas ha demostrado ser eficaz para la defensión del gremio periodístico. Tal es el caso de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP), creada en el 2006 durante el gobierno de Vicente Fox. De acuerdo con el informe presentado por Artículo XIX, organización internacional que defiende la libertad de expresión, la fiscalía no mostró ningún resultado favorable sobre su actuación debido, entre otras cosas, a la falta de presupuesto, de autonomía y de tipificación de los delitos, además de que resulta ser ineficaz y burocrática. Aunado a lo anterior, la federalización de los delitos contra periodistas entra, desde el inicio de cualquier proceso, en una disyuntiva: ¿qué es ser “periodista”? La adición del artículo 50, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que los jueces penales federales conozcan sobre los delitos cometidos en contra de periodistas o con el propósito de interferir o limitar el ejercicio de la actividad periodística, parece no ser lo suficientemente específica como para fungir a favor de los comunicadores.

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