Legislar opinando
Víctor Reynoso
Puebla.- Cuando se discutía la propuesta de reelección inmediata de legisladores, un diputado sugirió que la discusión se resolviera con una consulta popular. Involuntariamente señaló uno de los límites de este mecanismo, junto con el referéndum, plebiscito y revocación de mandato. Esos mecanismos computan opiniones, no saberes ni conocimientos.
Los asuntos públicos son generalmente muy complejos. Para resolverlos se requiere de saber especializado. Y la inmensa mayoría de los ciudadanos carecemos de conocimientos sobre la mayor parte de los problemas públicos. Ya lo escribió Schumpeter hace tiempo: cuando el ciudadano promedio se sale de su esfera de especialidad, suele tener opiniones que él mismo, dentro de su campo, consideraría infantiles.
En otros términos, las mayorías no tenemos conocimientos sobre las cuestiones públicas, tenemos opiniones. Opinar no es saber. “No sé, pero opino”, decimos cuando desconocemos un tema, y algo queremos decir sobre el mismo. Las opiniones sin duda tienen su valor: en su conjunto forman la opinión pública, sin la cual no hay democracia ni política moderna. Lo que no se puede hacer es legislar sustituyendo el conocimiento y el saber por las opiniones mayoritarias.
En eso caeríamos si los diputados renuncian al estudio en profundidad de un tema y la discusión del mismo para decidir por plebiscitos. Dejo de lado algunos derechos humanos, que serían rechazados por las mayorías (¿cómo quedarían los derechos de los inmigrantes indocumentados en EE UU con una “consulta popular” en ese país?). Además se caería en el oportunismo: en lugar de entrar al tema, sería fácil que los legisladores se guiaran por una encuesta de opinión y, cuando les fuera favorable la opinión mayoritaria, llamaran a la votación de todos.
Se ha propuesto que en toda encuesta además de preguntar la opinión, se pregunte por el saber: “¿qué opina usted de tal asunto?”, y luego “¿y qué sabe usted del asunto?” Imposible, pero ayuda a entender los límites de encuestas y plebiscitos. En el caso de la reelección inmediata de legisladores y miembros de cabildos en México, propongo que sólo se computen los votos de los ciudadanos que contesten correctamente a tres preguntas elementales:
1).- ¿Cuántos países en el mundo (o si se quiere, en América Latina) no permiten la reelección inmediata en los cargos en cuestión?
2).- ¿En qué año se incorporó a la Constitución mexicana la prohibición de la reelección inmediata de legisladores y miembros de ayuntamientos?
3).- ¿Qué propósitos y qué consecuencias tuvo esa prohibición?
¿Cuántos mexicanos pueden responder a estas preguntas, sin cuyas respuestas no se tiene el conocimiento elemental de lo que la cuestión significa para nuestro país? ¿Cuántos de nuestros actuales legisladores?
Si todo fuera cuestión de opinión, podríamos ahorrarnos todo lo que nos cuestan los legisladores y legislar opinando, mediante un eficaz sistema informático que consulte a los ciudadanos, compute sus opiniones y derive de ahí las leyes. Pero hay asuntos que requieren ir más allá de la opinión, y precisan de conocimientos y argumentos fundados.
