ANÁLISIS A FONDO
Trasnochado fuero militar
Francisco Gómez Maza

Delito es delito para civiles y soldados
Tribunales especiales, rémora histórica

Ciudad de México.- Habría que calmar los ánimos, el entusiasmo, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ayer martes limitar el fuero militar en aquellos delitos cometidos por soldados contra civiles, aunque éstos salgan dañados indirectamente.
La celebración es engañosa.

Lo más grave de todo es que los magistrados se toman muy en serio y todavía discuten algo que es indiscutible. Tan en serio se toman los ministros que presentaron ponencias, discutieron en serio y votaron por ocho votos contra dos para resolver que los tres militares acusados de simular pruebas para inculpar un civil, en delitos contra la salud, sean procesados por un juez de Distrito penal civil, “pues cometieron el ilícito como servidores públicos en ejercicio de sus funciones”. De por sí, tendrían que ser juzgados por la justicia de “todos”.

La resolución tomada ayer por el máximo tribunal implica la ampliación del concepto de civiles afectados en delitos cometidos por militares en activo, que establece la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (otra institución que se hace pijiji, como dicen los chiapanecos de Chiapas) en el caso Rosendo Radilla, como requisito para que el caso sea de competencia de tribunales civiles.

Rosendo Radilla fue un destacado y querido líder social del municipio de Atoyac de Álvarez, estado de Guerrero, quien trabajó por la salud y educación de su pueblo y fungió como presidente municipal. El 25 de agosto de 1974, fue detenido ilegalmente en un retén militar; fue visto por última vez en el ex Cuartel Militar de Atoyac. Treinta y ocho años después, su paradero sigue siendo desconocido.

La ministra Olga Sánchez Cordero planteó en la discusión de la SCJN concluida ayer que, al no afectar bienes jurídicos de la esfera castrense, el caso Radilla era competencia de un tribunal federal y que, al no haberse librado aún la orden de aprehensión correspondiente, el expediente debía remitirse al Ministerio Público Federal.

Pero como me iluminó el constitucionalista Clemente Valdés Sánchez, que en estos menesteres es mi maestro, y yo, su aprendiz, tengo la impresión de que el problema, desde lo que se lee en las versiones periodísticas acerca de la resolución de la Suprema, es que nadie, ni los más duchos jurisconsultos, saben, ni nadie podrá saber cómo manejar esta situación por la cantidad enorme de contradicciones implícitas.

Lo que le digo quiere decir que el asunto de los fueros especiales –en el caso, el militar─ parte de algo que es verdaderamente tristísimo que aún continúe existiendo y en vigencia en pleno siglo XXI; que aún existan y sean avalados por el poder judicial y el legislativo los tribunales especiales.

Esto es, tribunales especiales como el que existiera para los policías o como el que existía para juzgar a los eclesiásticos por la misma estructura clerical, o como el que existe para juzgar a los políticos a través de un juicio político, por una parte, y de un permiso de la Cámara de Diputados en lo que se llama la declaración de procedencia.

Todas estas jaladas, en casto lenguaje popular, son anormalidades que se conservan desde hace más de cien años. Y que no tienen el menor sentido en un sistema político medianamente respetuoso de los seres humanos.

Porque si los delitos cometidos por militares, por políticos, por gobernantes, por… son delitos, son delitos para todos. Los ministros y los militares pueden alegar delitos contra la disciplina militar. Pero… también se puede pensar en delitos contra la salud, y ser juzgados por un tribunal de sanidad por ejemplo, o contra la libertad sexual. Y ser juzgados por un tribunal sexual.

La verdad es que, aquí y en China, de ninguna manera se justifica un fuero especial, toda una organización paralela. La ley, aunque no estemos de acuerdo con quienes las hacen porque las hacen para su beneficio, cubre a todos.

Pero para no ser tan iconoclastas y caerle mal a quienes defienden el establecimiento occidental cristiano, qué bueno que los ministros de la Corte votaron así. Esto representa un avance, sin duda, frente a una situación existente que todavía propicia todo tipo de confusiones, porque se trata –en el caso que analizamos─ de una política, de una forma de manejar las cosas, en la que el ejército está separado de la población.

Desde luego, no tengo la menor seguridad de que los tribunales civiles serán más acertados o más imparciales para juzgar a los militares criminales, como no lo son para juzgar a los políticos, a los tratantes de personas, los narcotraficantes, a los asesinos, porque están podridos.

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