ANÁLISIS A FONDO
¿Y ahora, a Palenque?
Francisco Gómez Maza
Uno por uno, los recursos de AMLO, declarados infundados
El Movimiento Progresista no “probó” ni una sola acusación
Ciudad de México.- Era de esperarse la resolución de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No debe sorprender a nadie. Menos a Andrés Manuel López Obrador y su equipo de abogados. Estos no acreditaron ninguna de las impugnaciones, de acuerdo con las reglas del juego del derecho constitucional.
La Constitución y las leyes no les daban margen a los jueces para resolver a favor de López Obrador. Más cuando éste, siendo parte del sistema, le entró desde que buscó la candidatura del Movimiento Progresista a la Presidencia de la República.
No se enoje nadie, pero es el juego de la democracia occidental cristiana. Es el juego de la democracia mexicana. No hay para dónde hacerse. Por lo mismo, la palabra más pronunciada y escuchada ayer, cuando el secretario del Tribunal leyó el proyecto de Calificación Jurisdiccional de la Elección Presidencial (proyecto de sentencia), en la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral sobre la validez de la elección presidencial del primero de julio, fue “infundado” o “infundada”, refiriéndose a las quejas de la izquierda.
La Coalición Movimiento Progresista de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el Proyecto de Calificación elaborado por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar, se enfrentó al rechazo de todas las “pruebas presentadas” por el equipo jurídico de López Obrador.
Las “probanzas” presentadas para pedir la anulación de la elección fueron sustentadas en “razones insuficientes”. Es que la Constitución y las leyes no enumeran ni califican cuáles son “razones suficientes”. De acuerdo con el Proyecto, los lopezobradoristas no pudieron probar que el PRI compró cinco millones de votos, mediante dinero ilícito.
Pero en honor a la verdad, y ningún educado en leyes debería de sentirse ofendido, el derecho constitucional mexicano, la Constitución y las leyes fueron hechos para preservar las instituciones y darle carta de ciudadanía a los partidos políticos como única opción para presentar candidatos a puestos de elección popular. Y a todos, inclusive al PRD, al Partido del Trabajo y al Partido del Movimiento Ciudadano, y especialmente a López Obrador, debería de sorprenderles y menos enojarlos, porque también estos son parte del establecimiento.
En el Proyecto de Calificación, ni la propaganda encubierta en radio y televisión y medios impresos, ni el rebase de topes de gastos de campaña, ni el uso ventajoso de las encuestas de opinión, ni el financiamiento encubierto a través de aportaciones directas del gobierno del estado de México y de otros gobiernos estatales, el grupo financiero Monex y los almacenes Soriana, ni los gastos excesivos de campaña y el financiamiento de empresas, la compra y la coacción del voto, la propaganda y publicidad desplegada por la empresa Televisa, la Organización Editorial Mexicana, el diario Milenio, agravios acusados por López Obrador en contra del PRI y su candidato Enrique Peña Nieto, pudieron ser probados en el contexto jurídico. No hubo pruebas y hay pruebas que no hacen prueba, como lo dijo uno de los magistrados al momento de su defensa del Proyecto.
La de ayer fue una resolución judicial anunciada y esperada. El proyecto propuso desestimar la pretensión de nulidad presentada por la Coalición Movimiento Progresista por insuficiencia de pruebas. Las supuestas y fantasmagóricas causales constitucionales de nulidad no fueron comprobadas por López Obrador. Y eso que su equipo jurídico presentó miles de pruebas. Desgraciadamente para ellos, ninguna fue acreditable por la investigación y el estudio de los tres magistrados autores del Proyecto.
Las conclusiones fueron defendidas de entrada por el magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, miembro de la Comisión que elaboró el Proyecto de Calificación. Punto por punto fue desglosando los reclamos de López Obrador a los presuntos agravios del PRI y su candidato Peña Nieto. Y los fue desestimando uno por uno. Sin fundamento, infundados, no acreditados…
En el fondo de todo este teatro, hay que reconocer que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas…), hay que aclararlo, no se ocupa claramente de la posibilidad de anular una elección presidencial por compra de votos. Lo que contiene es una serie de generalidades y, sobre todo, las condiciones para el aseguramiento de la existencia y supremacía de los partidos políticos sobre cualquier otro ente popular que pudiera interesarse en la elección de sus representantes o empleados públicos.
Y los diputados de todos los partidos fueron quienes aprobaron las reformas constitucionales, en el sentido de mantener el dominio de la partidocracia sobre la población y, simplemente, dejaron intactas todas las condiciones adecuadas para que la ley ordinaria se ocupara de cerrar cualquier resquicio legal que pudiera alterar lo que se llama las instituciones. Lo que hicieron ayer los magistrados fue precisamente esto: asegurar la vigencia de las “sagradas” instituciones de la democracia. Esto es, cualquier cosa que pudiera alterar la permanencia de la dominación de los grupos de poder.
De acuerdo con la Constitución y las leyes no podía ser otra la resolución del Tribunal. Y agréguele que la argumentación de los abogados del Movimiento Progresista fue totalmente inconsistente, ya no con el criterio de los magistrados, con la Constitución y las leyes.
Y lo grave de todo es que los legisladores del Partido de la Revolución Democrática avalaron las reformas constitucionales y legales que le dieron pie al Tribunal para declarar, unánimemente, válida la elección del primero de julio pasado. No debe llamarse a engaño nadie de la izquierda. Menos López Obrador, quien en esta ocasión se manifestó por ponerse bajo el manto de la Constitución y de las leyes y, por lo tanto, de las instituciones que mandó al diablo en 2006.
O como se dice en el lenguaje popular, “quien se lleva se aguanta”.
¿Y ahora, a Palenque?
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