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¿QUÉ RESULVE LA REFORMA DE CALDERÓN?
Alberto Aziz Nassif
Durante años se pensó que la ruta más importante para lograr un cambio democrático era mediante reformas, porque la modificación de reglas haría posible la transformación política del país. Ahora llegamos de nuevo a un momento de enormes retos porque el sistema político necesita una cirugía mayor, está desprestigiado y es ineficiente. Sobre lo que no hay tanta certeza es cuál sistema político puede salir de la nueva reforma política que se propone. Las reglas hay que entenderlas dentro de las circunstancias específicas, para ver sus posibilidades y limitaciones.
En las últimas tres décadas el reformismo político ha sido permanente. Así fue desde la reforma política de 1977, que abrió el sistema plural de partidos, luego vinieron diversos ajustes, hasta llegar a la reforma de 1996, en donde se establecieron las bases de un sistema con mayor equidad que posibilitara la competencia entre los partidos políticos. En el transcurso de 20 años se logró tener una democracia electoral. Entre 1997 y 2003 desapareció el conflicto electoral propiamente, pero llegaron nuevos problemas, como la mediatización de las campañas y el alto costo del financiamiento público. En 2006 regresamos al conflicto electoral y de nuevo se volvieron a cambiar las reglas del juego para, supuestamente, abaratar el costo de la política y sacar de la comercialización privada la presencia política en los medios. Para eso se abrieron los tiempos del Estado a la política partidista.
Las reformas que han abierto el sistema y han producido cambios políticos importantes, como la de 1997 y 1996, mostraron una voluntad para resolver problemas a través de consensos importantes. La experiencia de 2007-2008, nos enseñó una dinámica distinta, porque fue una reforma que se vendió como un cambio para terminar con la mercantilización mediática y abaratar la política electoral. Sin embargo, al poco tiempo, con la primera experiencia electoral de 2009, se pudo ver que las nuevas reglas tenían huecos importantes por donde se colaron los arreglos entre políticos y medios; y, también, se comprobó que la disminución del financiamiento público no fue significativa.
Hoy el sistema político mexicano es ineficiente, pierde legitimidad y cada vez tiene menor apoyo ciudadano. México tiene problemas importantes en su modelo, por eso existen dudas fundadas de que las reformas propuestas por Calderón, en diciembre pasado, vayan a resolver los problemas que existen hoy: una severa desconfianza ciudadana en la política en los políticos y en las instituciones; el poder fáctico de los intereses mediáticos desbordado y una regulación débil del Estado; la dinámica de los gobiernos divididos que genera un conflicto permanente de gobernabilidad; el desprestigio de una clase política que está muy distante de la ciudadanía a la que supuestamente representa; la autonomía de las instituciones democráticas que ha sido tocada por los intereses partidistas; la pérdida de presencia pública de la ciudadanía que no tiene mecanismos de participación más allá del voto. En suma, estamos frente a dinámicas conflictivas de desconfianza, ineficacia, ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, dinámicas efectivas de representación, gobernabilidad deficiente y la imposibilidad de construir consensos y mayorías estables que hagan gobernable al país.
Ante esta complejidad de problemáticas se propone: segunda vuelta presidencial, reelección, candidaturas ciudadanas, reducción del Congreso, iniciativa preferente del Ejecutivo y veto al presupuesto, iniciativa de ley para la Corte y la ciudadanía, entre las principales. Estas reformas se tienen que ver en el contexto de nuestra vida política. Es necesario ubicar el cambio de reglas en el contexto en donde va a operar. Por ejemplo, se propone la reelección legislativa en los congresos locales y en los municipios hasta por 12 años. Pero, cómo evitar los abusos y ventajas que tendrán los que quieran una reelección, con mecanismos tan débiles de rendición de cuentas y con instituciones que no garantizan una regulación realmente autónoma. Reelección sin revocación de mandato y sin regulación real de medios, no permitiría equilibrios y equidad. Sin contrapesos las virtudes de la reelección, como el profesionalismo de los legisladores y una evaluación ciudadana más directa, se perderían. Las circunstancias de nuestra política hacen necesarios los equilibrios y contrapesos para que las nuevas reglas puedan ser eficaces y no caigamos en mayores abusos de una clase política, que no parece estar dispuesta a una mayor responsabilidad frente a los ciudadanos. La propuesta del Ejecutivo se queda corta para atender este tipo de problemas.
Investigador del CIESAS
El Universal
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