Situación de las mujeres en NL
Informe Sombra de la Sociedad Civil ante la CEDAW
Resumen Ejecutivo
l progreso económico de Nuevo León (ubicado al noreste de México) no se refleja en el desarrollo humano, ni en avances visibles en la equidad de género. En medio de la violencia social atribuida a “la delincuencia organizada”, las mujeres han resultado seriamente afectadas y la estadística señala que los crímenes contra las mujeres se han multiplicado con respecto al año 2010, esto además de la elevada violencia familiar, que padece el 40 por ciento de las nuevoleonesas.
Situación que prevalece en Nuevo León
La situación que se vive en el estado Nuevo León obstaculiza la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. No existe una ley que garantice la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a pesar de que desde el 2006 se aprobó a nivel nacional la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, tampoco existe un Sistema Estatal que garantice la igualdad y la no discriminación.
El Código Penal del Estado de Nuevo León no tiene tipificado el delito de feminicidio, aunado a ello el feminicidio no está contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del estado de Nuevo León.
Se ha recrudecido la violencia hacia las mujeres en los últimos años. La tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres se ha incrementado en más del 40 por ciento, pasando de 2.45 a 3.52 en el periodo 2005-2009. Sesenta y siete de cada cien mujeres han padecido algún incidente de violencia por parte de su pareja, algún pariente o de otras personas en los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.
Según registros hemerográficos, del año 2000 al 2008 hubo un promedio de 23 mujeres asesinadas al año; en el 2009 aumentó a 40, en el 2010 a 74, y del 1 de enero al 31 de octubre de 2011, han sido asesinadas 193 mujeres en el estado de Nuevo León, aumentando en 160 por ciento los crímenes respecto del año anterior. El 80 por ciento de las víctimas se localizaron en vías o lugares públicos y el 20 por ciento fue victimada en su casa. De estos crímenes 146 se imputan a la delincuencia organizada; 5 al Ejército, 2 al Grupo de Reacción Inmediata y 1 a las Fuerzas militares de apoyo a Seguridad Pública del Estado, los demás se atribuyen a familiares y personas conocidas por las víctimas.
Las edades de las mujeres asesinadas fluctúan entre uno y ochenta y seis años; 34 por ciento de ellas no han sido identificadas y muchos de sus cuerpos han sido depositados en la fosa común. Cuando aparecen mujeres asesinadas en la entidad, las autoridades, antes de llevar a cabo investigación alguna, afirman que se trata de mujeres vinculadas a la delincuencia organizada, criminalizando a priori a las víctimas. En los casos que se imputan al crimen organizado y a la lucha entre bandas, las mujeres son exhibidas y utilizadas como espacios de mensajes, se ejerce sobre ellas una violencia distinta a la de los hombres, a ellas se les ahorca, se les mutila, se les descuartiza, se les viola (a veces de manera multitudinaria), se les decapita, se les calcina, sus restos son arrojados en baldíos, en calles, en zonas habitacionales, cerca de escuelas; hay una utilización de una fuerza física desmedida, signos de violencia sexual y un aumento en el uso de armas de fuego.
El problema se ha minimizado en los diferentes órdenes de gobierno: ejecutivo, legislativo y judicial; mientras que organismos descentralizados que deberían velar por la integridad de las mujeres y sus derechos, como es como el Instituto Estatal de las Mujeres, no han ejercido acciones al respecto.
Organizaciones civiles reportan haber recibido casos de violaciones que no han sido denunciados ante la autoridad, con la característica de que las mujeres son desaparecidas. Las víctimas son mujeres jóvenes que han sido bajadas de sus vehículos por comandos armados, o han sido interceptadas en plena calle, sumándose a la violación otras agresiones. Las mujeres y las niñas de Nuevo León se encuentran entre la población más vulnerable en medio del clima de inseguridad y violencia que impera en la entidad.
La trata de mujeres en el estado que ya ha sido documentada, se agrava en este contexto donde la delincuencia organizada parece controlar el estado, mientras que Nuevo León se encuentra sitiado por militares, marinos y policía federal.
En Nuevo León, las mujeres indígenas en gran medida laboran como empleadas del hogar, a la discriminación y violencia laboral que padecen, se agrega la criminalización ejercida a priori en contra de ellas. Un ejemplo de ello es el programa “De ti y por ti”, promovido por la autoridad municipal de San Pedro Garza García, que estableció un padrón obligatorio a empleadas (os) del hogar, bajo el argumento de que en el 60% de los delitos de robo a casa-habitación está involucrado personal de servicio.
Recomendaciones
Las organizaciones sociales que signamos este documento solicitamos a la CEDAW emitir las siguientes recomendaciones a México:
Se tipifique el delito de Feminicidio en el Código Penal del estado de Nuevo León, y sea contemplado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Nuevo León.
Se investigue a fondo la identidad de las víctimas de feminicidio que no han sido identificadas, así como la de sus victimarios para que sean aprehendidos, procesados y castigados de acuerdo a la Ley.
Se tipifique el delito de Desaparición Forzada en el Código Penal del estado de Nuevo León de acuerdo a los instrumentos internacionales correspondientes, y se generen políticas públicas inmediatas para la atención de las víctimas.
Se garantice a las familias de las víctimas de desapariciones de personas en la entidad, apoyos escolares, sociales, laborales, médicos y económicos, ya sea mediante la creación de una ley en la materia u otro mecanismo eficaz para su realización.
Se investigue a fondo el paradero de las mujeres que se encuentran desaparecidas, así como se identifique y sancione a las personas victimarias.
Se analice y modifique la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Nuevo León, para que sea realmente efectiva e integre la participación de organizaciones sociales en la definición y seguimiento de las políticas públicas que atienden el problema.
Se reconozcan los derechos de quienes se contratan en el empleo doméstico, para que sea obligatorio a las y los empleadores, el otorgamiento de todas las prestaciones de ley así como el establecimiento de contratos laborales que especifiquen: jornada laboral, horarios de descanso y tareas a realizar.
Se diseñen políticas públicas abocadas a: oportunidad de trabajos de medio tiempo, seguridad social para mujeres que laboran por horas, guarderías con horarios extendidos, licencias de trabajo para atender aspectos relacionados a los hijos, seguro médico a mujeres víctimas de violencia y capacitación para el desarrollo de habilidades para el trabajo.
Se cree con recursos públicos un Fideicomiso en apoyo a mujeres víctimas de violencia, cuya funcionalidad y operación quede a cargo de organismos civiles de reconocida experiencia y trayectoria.
Se comprometa al Estado a aplicar las leyes que garantizan a las nuevoleonesas el derecho a la seguridad y a la justicia.
Se destinen, desde el Congreso del Estado, fondos suficientes y etiquetados para que se ejerza en la práctica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el estado de Nuevo León.
Se homologuen a la legislatura federal, las leyes de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la de No Discriminación.
Se fortalezca el funcionamiento y financiamiento de refugios temporales para mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia.
Se desarrollen, financien y ejerzan programas de formación y capacitación para servidores/as públicos, estableciendo procedimientos que se basen en la perspectiva de género.
Se homologue la Ley Estatal Electoral, con los términos de la ley federal para que se establezcan como mínimo un 40 por ciento de un mismo género para la participación en comicios electorales.
Se transparenten y rindan cuentas quienes estando en la función pública no actúan diligentemente para prevenir y sancionar la violencia en contra de las mujeres.
Organizaciones Firmantes: Alternativas Pacíficas AC, Arthemisas por la Equidad AC, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, Colectivo Plural de Mujeres, Comunicación e Información de la Mujer en Nuevo León AC, Pro Salud Sexual y Reproductiva AC y Zihuame Mochilla AC.
Nota: El documento completo contiene las referencias oficiales para sustentar la información vertida en este resumen; ha sido elaborado en base a la temática que las organizaciones que lo suscriben realizan, por lo que la información se circunscribe en este marco.
