Polvorín por el agua en San Quintín
Jaime Martínez Veloz
ijuana.- De nuevo el Valle de San Quintín, ubicado al sur de Ensenada, municipio de Baja California, es sacudido por un movimiento social, surgido por el reparto injusto del suministro del agua en dicha región. Mientras en la ciudad de México el gasto diario de agua por persona es ─calculado por algunas estadísticas─ de 300 litros diarios y 10 mil 500 litros serían consumidos por una familia de 5 miembros en una semana, en el Valle de San Quintín una familia de jornaleros consume a la semana apenas un tambo de 200 litros, a un costo de 15 pesos.
Esta injusta situación motivó que representantes de colonias en donde se asientan miles de familias indígenas jornaleras del Valle de San Quintín, Baja California, se hayan plantado en la Oficinas de Gobierno del Estado solicitando la destitución del representante de esa oficina, del representante en aquella región de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del representante de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada (CESPE),
El reclamo de los habitantes de San Quintín se produce ante una situación en donde los empresarios agrícolas, sin límite alguno, extraen millones de litros de agua para sus cultivos de exportación y cuyo abasto proviene de la Cuenca de San Simón.
La problemática que reviste el agua en la región para el abasto de las familias y el uso agrícola, se ha agudizando al paso del tiempo; los mantos acuíferos de tipo superficial, se han venido salitrando ante la sobreexplotación que se hace de los más de 700 pozos concesionados a ejidos, a particulares y a las empresas agrícolas, en donde más del 85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportación, cuya propiedad pertenece a una nueva generación de empresarios asociados al capital trasnacional.
Según datos oficiales, la región presenta una extracción de 47 millones de metros cúbicos de extracción y 35 millones de metros cúbicos de recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cúbicos de sobreexplotación anual de los mantos acuíferos. Las concesiones otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a estas empresas con volúmenes de agua asignados, mas no respetados por las empresas, han sido la prioridad en la región; y han dejado de lado a miles de familias jornaleras, quienes carecen de este recurso, necesario para garantizar condiciones mínimas de higiene y salud; por ello, en los hogares de los jornaleros las enfermedades más frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas principalmente por falta de agua.
Es de todos conocidos que el tema de la salud es una de las demandas principales de los jornaleros agrícolas, junto con la seguridad social; en la región, menos del 15 por ciento de los trabajadores agrícolas están afiliados al seguro social, ante la complacencia de las autoridades del trabajo.
Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles y que por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen contando en calidad de patrimonio propio pozos que venden y abastecen de agua, cobrando a 15 pesos el tibor de agua potable. En temporadas de calor se especula con el precio sin control alguno por parte de la autoridad, socavando el ingreso familiar.
El movimiento de las familias indígenas afectadas por el desbasto de agua y la duda generada sobre la palabra empeñada por los funcionarios de estas instituciones, no responde sólo al retraso de la ejecución de las obras, sino al desvío de los beneficios. Por ejemplo, hace 2 años, la CDI y el Gobierno del Estado construyeron un camino de acceso con cemento hidráulico al Campamento de El Vergel, propiedad de la Empresa Rancho Los Pinos, con un presupuesto de más de 4 millones de pesos. La gestión la realizó directamente la empresa, con el acompañamiento del ingeniero Antonio Rodríguez, Secretario de Fomento Agropecuario y copropietario de esta empresa, que ha crecido exponencialmente en la última década.
Después de 10 años de reclamos en esta materia, con recursos de la CDI y del Gobierno del Estado se están perforando tres pozos para abastecer a más 30 colonias, cuya población rebasa el número de 30 mil personas, principalmente indígenas, y que viven en pobreza extrema. Las obras, cuyo monto supera los 35 millones de pesos, es la respuesta que las autoridades de gobierno dieron después de una lucha de más de 10 años ante el problema de desabasto de agua potable que existe en la región, principalmente en los hogares indígenas.
La negativa de las familias jornaleras a desmovilizarse en el plantón realizado en días pasados hasta obtener la presencia de los representantes tanto de CESPE y de la CDI, así como del representante de gobierno en el municipio de Ensenada, culminó con una serie de acuerdos en donde se ratifica que los beneficiarios directos de la perforación de estos pozos deberán ser las familias jornaleras indígenas. Las autoridades se comprometieron a reunirse de nuevo el 26 del presente mes por segunda ocasión, para establecer entre las instancias de gobierno y los representantes de las colonias un plan de seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no sólo es garantizar la fuente de agua, sino su conducción hasta el llevarlas a los hogares de los jornaleros.
Sin embargo, el problema no se resuelve del todo; existen más de 80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintín, colonia Vicente Guerrero y Camalú, que sufren un desabasto permanente del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra asalariada de las empresas que existen en la región. Seguramente ante el crecimiento anual de población, que rebasa el 11 por ciento, se buscará una solución en donde el estado tendrá que asumir que la prioridad es la población, y en segundo los desarrolladores agrícolas; de lo contrario, San Quintín se volverá un polvorín ante tanta injusticia social.
