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ANÁLISIS A FONDO
POR QUÉ TANTA SAÑA
Francisco Gómez Maza
- Por lo menos 15 activistas por los derechos humanos, las víctimas
- No han escapado de homicidio, hostigamiento, amenaza y cárcel
 El presidente Felipe Calderón Hinojosa tiene que saberlo. Y tiene que actuar para que en este país los defensores de los derechos humanos no se agreguen al número fatal de víctimas de la guerra del narcotráfico. Muchas autoridades criminalizan a los activistas defensores de los derechos humanos. Quiero creer firmemente que Felipe no sabe, no está involucrado, con esta política diabólica porque – lo conozco – tiene una profunda sensibilidad humanista, mamada de familia. Pero los hechos no mienten aunque no se pueda hablar de ellos entre la noche y el día, sino sólo cuando canta el gallo. Los defensores de las víctimas de los depredadores, de los violadores de los derechos humanos, le prodigan un enorme favor al gobierno de la República, como los periodistas independientes, analíticos y críticos, muchos de los cuales han caído por las balas del crimen organizado y no hay poder humano que haga justicia por esos crímenes, encontrando y castigando a los autores de tales crímenes.
Y es que, como lo ha denunciado Amnistía Internacional en su informe del pasado 21 de este enero, autoridades mexicanas no cumplen con su obligación de proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos frente a los homicidios y al hostigamiento y las agresiones que amenazan su vida. En su informe titulado Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, la organización mundial defensora de los derechos humanos describe más de 15 casos de activistas, en México, que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas, o han sido encarcelados por cargos falsos entre 2007 y 2009 para impedirles que realicen su labor. “Defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”, ha dicho Nancy Tapias Torrado, investigadora sobre defensores de los derechos humanos de Amnistía Internacional. “Cuando se ataca, amenaza o mata a un defensor o defensora de los derechos humanos, se envía un peligroso mensaje a muchos otros y se niega la esperanza a todas las personas en cuyo favor trabaja este defensor”.
Hay decenas de casos de este tipo, y muy pocos se investigan eficazmente. Menos se llevan ante la justicia. En ninguno de los incluidos en el informe se ha realizado una investigación completa, y sólo en dos de ellos se ha detenido a algún sospechoso. Los defensores y defensoras de los derechos humanos actúan para proteger y promover los derechos humanos. Los Estados tienen la responsabilidad de protegerlos y de garantizar que pueden desempeñar su trabajo. Como he dicho, le hace un gran trabajo, el trabajo sucio, a las autoridades, cuyo mandato es cumplir la Constitución y respetar y hacer respetar los derechos de los habitantes de este gran país. Los y las activistas que trabajan para proteger los derechos de las comunidades que viven en la pobreza; los que defienden los derechos de los pueblos indígenas o trabajan para proteger el ambiente corren especial riesgo de ser atacados. Y es que su trabajo no gusta, molesta, es incómodo para los poderosos intereses políticos o económicos. Con mucha frecuencia se los ve como personas que ocasionan problemas, no defensores de los derechos humanos que trabajan por una sociedad mejor donde el respeto a los derechos humanos sea una realidad.
Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, estado del sur de México, ha sido víctima de numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998. Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), hallado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato. Las amenazas, desapariciones forzadas y el encarcelamiento de las y los defensores de derechos humanos han convertido a México en un país peligroso para ejercer esta labor, sobre todo por la impunidad y la falta de garantías del Estado para quien realiza esta tarea.
El documento de Amnistía se une a las exigencias y preocupaciones que la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Human Rights Watch, que sostienen que durante los últimos tres años han aumentado los ataques contra las y los defensores de derechos humanos que denuncian abusos de poder. La voz de alerta para México de AI y otras organizaciones internacionales se intensificaron a partir del reciente asesinato de Josefina Reyes Salazar, quien denunció la desaparición de uno de sus hijos y el asesinato de otro, a manos de militares. Denuncias hechas conjuntamente con Cipriana Jurado Herrera, quien ahora se encuentra amenazada por continuar denunciando casos similares. AI urgió a la Secretaría de Gobernación medidas de seguridad para Jurado Herrera, pero a la fecha no ha habido respuesta.
Todos los casos citados aparecen en el informe de IA como una forma de dejar al descubierto la situación de riesgo en la que se realiza este trabajo, explicó Alberto Herrera Aragón Director Ejecutivo de AI México. Otro caso de intimidación y ataques, es el de la periodista defensora de derechos humanos, Lydia Cacho Ribeiro quien denunció una red de pornografía infantil protegida por políticos y empresarios mexicanos. Mi querido Felipe debe tomar en cuenta este asunto como prioridad de prioridades, si quiere pasar a la historia como un verdadero Presidente.
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