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LEGISLAR CONTRA LA COMIDA CHATARRA
Iván Restrepo
En la escuela primaria de Iztapalapa, donde estudia Paula, no venden comida chatarra. Los alumnos pueden comprar tacos de guisado, tortas, fruta picada, gelatinas, arroz con leche, helados y paletas, aguas frescas y refrescos de la cooperativa Pascual. Los maestros y los papás de Paula le han hablado mucho de los daños que causa la comida chatarra y los refrescos elaborados por las dos trasnacionales que dominan el mercado en México y el mundo. Ella escucha los mensajes de las autoridades y los especialistas que informan a la población sobre los problemas que tales productos ocasionan a la salud: diabetes y obesidad, entre otros. Pero también recibe el alud de anuncios que incitan a consumir lo que no alimenta, porque la realidad es que no hay medidas que reglamenten la publicidad de productos que hacen daño y se expenden libremente en escuelas, oficinas públicas y, el colmo, en los centros de salud.
Mientras los mensajes oficiales afirman que la comida chatarra hace daño, reina la chispa que refresca, engorda y enferma aun en las zonas rurales más aisladas. Cómo no ha de ser así, si hace justo un año las comisiones de Salud y Economía, presididas por Acción Nacional, rechazaron legislar para acotar la publicidad de comida chatarra, argumentando que las madres de familia eran las responsables de la obesidad infantil por los alimentos que proporcionan a sus hijos.
Ésos y otros legisladores ignoraron los datos divulgados esos mismos días por el secretario de Salud, José Angel Córdova, también panista, que demuestran cómo los malos hábitos alimenticios, propiciados por la publicidad engañosa y machacona, son una de las principales causas del grave problema que es ahora la diabetes en México.
El doctor Córdova recordó que cada año la televisión emite 20 mil promocionales dirigidos a la población infantil; que en 8 mil se promueve el consumo de productos con alto contenido calórico, como las golosinas. Cada día, en promedio, un niño ve en la tele 61 anuncios, muchos de los cuales mienten, pues no producen los efectos milagrosos que dice la publicidad y, por el contrario, perjudican a los consumidores.
El secretario de Salud abogó entonces por estímulos fiscales, entre otras medidas que alienten a la industria a elaborar productos más nutritivos, pues, aseguró, el pago de impuestos y la creación de empleos no compensan los daños que sufre la ciudadanía al consumir artículos de nulo valor nutricional.
Lejos de resolverse, la situación empeora cada día: el jueves pasado el doctor Córdova reveló el acelerado crecimiento de la obesidad entre los niños en los últimos siete años, y que 52 millones de mexicanos cargan con sobrepeso u obesidad, lo que eleva el gasto público para atacar las enfermedades que ocasionan. Sin embargo, en vez de garantizar con medidas legales el bienestar de la población, el problema lo quieren resolver con códigos de ética publicitaria, de cumplimiento voluntario, elaborados por los propios fabricantes. En otros países esos códigos han sido inoperantes.
Somos el país con mayor índice de obesidad infantil en el mundo, pero la Secretaría de Educación Pública y el Legislativo se niegan a prohibir la comida chatarra y los refrescos de cola en las escuelas, a pesar de que ha sido suficientemente probado que el rendimiento escolar depende, en buena medida, de la buena alimentación de los alumno. Hoy día millones de estidiantes sufren desnutrición y enfermedades fruto de la pobreza y los malos hábitos alimenticios.
El líder nacional del PAN y la lideresa de ese partido en la ciudad de México realizan ahora una cruzada en defensa de la niñez mexicana: alegan que los niños que adopten las parejas de un mismo sexo serán discriminados en las escuelas, pero ocultan que igual ocurre con los hijos de madres solteras, padres divorciados o los que tienen defectos físicos. En cambio, la tolerancia hacia la comida chatarra que han mostrado dirigentes, legisladores del blanquiazul y secretarios nombrados por el licenciado Calderón patrocina graves daños a la salud de millones de estudiantes. Es que hay que pagar los apoyos que ese partido recibe de la iniciativa privada. De nuevo, primero los negocios, al final, el bienestar público.
La Jornada
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