Sociedad civil y disputa por la nación
Consejo Ciudadano Permanente

Compañeros de la Asamblea Nacional Ciudadana (ANCA):
Este documento tiene el propósito de manifestar una serie de puntos de vista del Consejo Ciudadano Permanente (COCIPE) frente a la situación que prevalece en el país en materia de las grandes cuestiones nacionales, teniendo como horizonte de tiempo las elecciones federales de 2012.
Primero que todo, es necesario hacer las presentaciones del caso. El COCIPE se creó formalmente en marzo de 2008 con el objetivo de contribuir al proceso de empoderamiento de la sociedad civil a través de la confluencia de una decena organizaciones sociales independientes y progresistas de la región sureste de Coahuila, las cuales habían venido trabajando por años en diferentes  trincheras, desde las abocadas a la defensa de los derechos humanos en general, y en particular los derechos de los migrantes, las que asumieron –y lo siguen haciendo- las tareas de luchar por la democratización de las estructuras políticas del país y de nuestra entidad, las que han promovido la observación independiente de los procesos electorales y el impulso de los instrumentos constitucionales de participación ciudadana, las que han acumulado experiencias valiosas en rubros trascendentales como la defensa del medio ambiente y el desarrollo sustentable, hasta las que han emprendido la lucha en contra de la privatización parcial del sistema local de agua potable y alcantarillado, y las que han asumido el reto de generar proyectos alternativos de educación social y de programas también alternativos de economía popular.
Con el nacimiento del COCIPE se inicia una nueva etapa de las organizaciones de la sociedad civil en nuestra región, y a la fecha hemos podido superar los escollos que se suelen presentar cuando se da vida a este tipo de agrupamientos, tanto por la ruta de hacer a un lado las diferencias secundarias con el fin de privilegiar el objetivo principal, que no es otro que contribuir al cambio social para el bien de las mayorías, como por el curso de sumar fuerzas para incrementar los efectos positivos de las tareas que realizamos.
El COCIPE ha venido trabajando en torno a una agenda local, la cual obviamente responde a las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro contexto, y a las necesidades más apremiantes de los grupos amplios de población. Sin embargo, estamos conscientes que no podemos ni debemos sustraernos de la realidad nacional, puesto que lo que sucede en ella nos afecta directa o indirectamente, para bien o para mal, y más en estos tiempos aciagos que nos ha tocado vivir.

Aún se defiende la tesis de que es mejor transitar por procesos largos, etapa por etapa y de abajo hacia arriba, en lugar de acometer las grandes empresas para las que supuestamente no estamos preparados, porque según esto no se han creado las condiciones para tal efecto. No discutimos que siempre conviene apegarse a la prudencia, dado que la aventura y el voluntarismo no conducen sino al fracaso, y después a la frustración de los agentes de cambio. Pero hay momentos en la historia de los pueblos que los sucesos de todas las clases se aceleran y se precipitan hacia el deterioro, y lo hacen a una velocidad impresionante, al extremo de que se corre el riesgo de llegar a puntos de inflexión a partir de los cuales se vuelve sumamente difícil revertir los procesos de descomposición social, lo cual nos invita, en realidad nos interpela para vencer las inercias y actuar con arrojo, redoblando los esfuerzos, a fin de ponernos a la altura de las exigencias de los tiempos.
Es claro que México está transitando por una de las etapas más complejas y difíciles de su historia en la que se ha conjugado la crisis económica con la crisis de la seguridad pública, la de las instituciones republicanas, la del sistema político, la de la gobernabilidad democrática en contextos de gobiernos sin mayorías, ahondando los problemas ancestrales del país, esto es, la pobreza y la desigualdad social, temas que hoy se han bautizado como las “Grandes Asignaturas Pendientes”, cuando ya Andrés Molina Enríquez se refirió a algunos de ellos poco antes de la Revolución de 1910, pero con el nombre de los “Grandes Problemas Nacionales”.
Recientemente han aparecido varias propuestas sobre la ruta que tendría que seguir nuestra nación para salir del impasse en el que se encuentra, lo que está bien, porque peor sería que no existiera este impulso, y todo a partir de que a lo largo y ancho de la geografía nacional crece la preocupación por el estado que guardan los asuntos públicos de mayor relevancia, pues también ha ido aumentando la sensación de que vamos de mal en peor, que el país va a la deriva, sin rumbo, con el riesgo de precipitarse al vacío, y no creemos exagerar en esta apreciación.
Podemos tener muchas incertidumbres respecto a bastantes cosas, pero no cabe duda que los ciudadanos continuaremos siendo los invitados de piedra, en un papel si acaso testimonial ante el escenario calamitoso que presenta la realidad del país, si seguimos a la espera de que los políticos nos inviten a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos torales. Por eso estamos convencidos, y no lo decimos como una frase demagógica cualquiera, que ha llegado la hora de la sociedad civil, que sin ella no habrá cambio de verdad que valga la pena, y para acabar pronto, que es improbable que en su ausencia se produzca cambio alguno para el bienestar de las mayorías siempre postergadas, como lo tenemos por experiencia a base de tantos fracasos.
¿A qué obedece la necesidad de formular un proyecto de nación de la sociedad civil?
La generación política que, a nuestro entender, estuvo más próxima a la formulación y ejecución de un Proyecto de Nación fue la de la Reforma, con los liberales al frente, pero el proceso se vio interrumpido por el Porfiriato, periodo donde se desarrolló un amplio programa de modernización del país, del cual quedó excluida la inmensa mayoría de los mexicanos, quienes por el contrario padecieron los rigores de más de tres décadas de dictadura.
Después vino la Revolución mexicana, etapa donde se perfilaron diferentes proyectos, predominando finalmente no el de los sectores revolucionarios, progresistas y populares sino el de los grupos conservadores, ligados a los latifundistas del país, los rancheros del norte y a una clase de industriales en crecimiento, no obstante que el texto constitucional recogió algunas de las demandas sociales de mayor interés en sus artículos 3, 27 y 123.
La dinastía de los generales sonorenses dominó la escena política en la década de los veinte del siglo pasado, para dar paso al sexenio cardenista, periodo donde se ejecutó una serie de políticas de corte popular y socialista, aunque por otro lado el gobierno de Cárdenas impulsó la corporativización de la sociedad en torno al Partido de la Revolución Mexicana, predecesor del PRI.
Con Manuel Ávila Camacho, y principalmente con Miguel Alemán se revierten las conquistas de la etapa cardenista y se inicia una segunda etapa de modernización del país, pero ahora de la mano de una burguesía nacional más consolidada. Al periodo que va de 1946 a 1972 se le conoce como la etapa del desarrollo estabilizador, cimentada en un modelo de crecimiento económico con base en la sustitución de importaciones durante la cual, como ha sido documentado por la historia contemporánea, se tuvo en promedio un incremento de 6.5%  del PIB.
En la década de los setenta se agota el modelo de desarrollo estabilizador y se inicia un periodo de crisis económicas frecuentes, recurrencias que aún estamos padeciendo hoy en día.
Desde el inicio de los ochenta, en concreto con Miguel de la Madrid, pero bajo la tutela de los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher y Ronald Reagan (todos influidos por el Consenso de Washington), se instaura el modelo neoliberal, sostenido en premisas como las siguientes: a) la prevalencia del mercado en las regulaciones económicas y financieras, b) la sustracción del Estado de las actividades productivas y la privatización de las empresas paraestatales, c) la apertura comercial indiscriminada, d) el control hacia la baja de las variables macroeconómicas, en particular el déficit fiscal y las tasas de inflación, y e) la receta obtusa de paquetes anti crisis de carácter recesionista.
Salvo por el tema –ciertamente nada desdeñable- del crecimiento exponencial del comercio exterior en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pues nuestras exportaciones en el 2008 superaron los 280 mil millones de dólares, este instrumento no ha vigorizado el mercado interno, y tampoco se ha hecho realidad la promesa que trajo consigo en el sentido de que con él arribaríamos a la modernización definitiva del país y la prosperidad de los mexicanos.
Después vino la debacle de 1994-1995 que provocó la caída del PIB a – 6.2%, lo que agudizó la crisis del sistema bancario, suceso que fue “sorteado” con el rescate financiero a cargo de organismos internacionales, la privatización y extranjerización de la banca nacional y el compromiso de recursos públicos durante décadas a través del FOBAPROA, primero, y después el IPAB.
En el 2000 se dio la alternancia en el Ejecutivo federal de la mano del PAN, cuando en 1988 el régimen priista había impedido, por medios claramente ilegales, la llegada de un gobierno de corte progresista, pero éste de la mano del entonces Frente Democrático Nacional.
En el 2006 la incipiente transición democrática se puso a prueba y, como se sabe, salió muy dañada, pues millones de mexicanos se mantienen en la idea de que el 2 de julio de ese año se produjo un mega fraude, de tal suerte que el gobierno de Calderón inició bajo la sospecha de ilegitimidad, o como lo diría Santiago Creel, si pudiera pronunciarse abiertamente al respecto, mediante el uso pulcro (sic) del idioma español que lo caracteriza, bajo el “sospechosismo” de ilegitimidad.
Así llegamos al 2009, sumidos en la crisis económica más grave desde 1929. La mayoría de los estudios indica que la economía tuvo un decrecimiento de – 7% del PIB, lo que representa uno de los peores comportamientos a nivel mundial, y ciertamente el peor en todo el conteniente americano.
De hecho la década 2000-2009 es la peor en materia económica de los últimos noventa años, promediando un crecimiento bastante magro del PIB por el orden del 1.6%, inferior al 2.2% de la década de los treinta, al 2.6% de la década de los ochenta, y notoriamente por debajo del periodo que va de 1940 a 1970,  que fue de 6.5%, tiempo donde el Estado cumplía funciones de mayor regulación en estos asuntos, antes de que los gobernantes tecnócratas aplicaran a pie juntillas las recomendaciones del FMI, el BM y la OMC.
Caer en una crisis económica es cosa de poco tiempo, pero salir de ella, cuesta la gota gorda, a tal punto de que pasarán por lo menos dos años para que volvamos a alcanzar el nivel económico, ya de por sí bajo, que teníamos en los primeros meses de 2008. De hecho para el 2010 se pronostica una tasa de crecimiento de 3% del PIB, cuando el bienestar de los mexicanos –siempre prometido, pero nunca concretado- está demandando tasas de por lo menos el 6% durante periodos largos. En resumen, este sexenio ya lo perdimos, como ha sucedido con otros en el pasado, pues si acaso en promedio tendremos una tasa de crecimiento ligeramente superior al 1.5%. Y sigue la mata dando…
¿Cómo se explica esta catástrofe? A reserva de hacer un análisis puntual y detallado del fenómeno cuando nos avoquemos al estudio acucioso de las causas, en el caso de que se acepte la invitación que hacemos en este documento, de entrada se puede concluir que la gravedad del suceso se debe, entre otras cosas, a las repercusiones que sobre México ha tenido la crisis financiera en Estados Unidos, la que después se convirtió en crisis de su sistema económico-productivo, considerando que aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones lo hacemos hacia ese país, y también de esa nación importamos un porcentaje similar. El 70% de la inversión extranjera proviene de empresas y consorcios norteamericanos; el 80% de las divisas vía turismo procede de los estadounidenses, y el 95% de las remesas viene del norte. Mayor dependencia no puede haber, ¿o sí?
Pero la gravedad de la que estamos hablando también se debe a las deficiencias estructurales y las disfuncionalidades de nuestra economía, y a la ausencia de políticas públicas hechas con arrojo y decisión para paliar los efectos de la crisis, y para reiniciar cuanto antes la reactivación económica. En efecto, todo indica que por lo menos desde 1982 estamos padeciendo los efectos negativos de vivir en una suerte de interregno, con lo peor de los dos mundos, y en este caso, lo peor de dos modelos, pues a pesar de que el nacionalismo revolucionario vino a menos desde la llegada de los tecnócratas, éstos no fueron capaces de desmantelar ciertas instituciones económicas, sociales y hasta políticas que vienen desde las épocas de las presidencias autoritarias del PRI, y por otro lado se nos impuso un neoliberalismo defectuoso, o antes bien una versión sumamente ideologizada, pero también más virulenta que la que prevaleció en los países emisores del modelo, puesto que por un lado se defiende al mercado como el rector de las actividades económicas, comerciales y financieras en general, a través del concurso de la libre competencia, pero por otro se refuerzan los monopolios, los oligopolios y la estructura de privilegios de todos conocida.
Y así hemos llegado al punto muerto en el que nos encontramos ahora, perdidos, sin rumbo y en caída libre. Algunos datos lo demuestran: a) si le damos credibilidad a las cifras oficiales, 19.5 millones de mexicanos sobreviven en lo que se conoce como pobreza alimentaria (en 2007 la cantidad de mexicanos  en extrema pobreza era de 14.4 millones), cerca de 35 millones en pobreza de oportunidades y más de 50 millones en pobreza patrimonial; b) hay 3 millones de desempleados;  c) más de dos tercios de las empresas y más del 60% de los trabajadores del país son informales; d) una petrolizaciòn inmensa del presupuesto federal, con el agravante de la caída de los ingresos vía la exportación de crudo, además de la caída en la entrada de divisas por el turismo y las remesas;                  e) carencia de políticas de crecimiento y desarrollo a corto, mediano y largo plazos para los tres sectores económicos: industria, silvoagropecuario y servicios; f) caída del ingreso per cápita de poco más de 8 mil dólares a 7,600 dólares;  g) reforzamiento de la concentración del ingreso nacional; h) boquete financiero del orden de los 350 mil millones de pesos;  i) caída en los lugares o niveles que ocupa México en prácticamente la mayoría de los indicadores de desempeño económico: competitividad, riesgo país, inversión extranjera, facilidades para hacer negocios, calificación de la deuda, etcétera; j) lugar 53 en el índice de desarrollo humano (IDH).
En otros ámbitos las cosas tampoco han marchado bien. Es el caso de la seguridad pública que, según los teóricos de la política, debe ser uno de los compromisos principales a cumplir por cualquier Estado que se precie de serlo. La estrategia de Calderón para combatir a los cárteles de la droga, sacando al ejército a las calles, no está dando resultados, y por la cantidad de muertos que se han acumulado desde el inicio de su sexenio (poco más de 16 mil personas), igual de civiles que de narcotraficantes y de las fuerzas del orden, parecería que se hubiera desatado una guerra de proporciones mayores a las de, por ejemplo, Afganistán o Irak. Mientras tanto crecen los delitos que impactan negativamente las condiciones de seguridad de los ciudadanos: secuestros, robos, homicidios, extorsiones, entre otros.
El estado de derecho brilla por su ausencia porque no se practica una justicia pronta y expedita, porque la impunidad se ha generalizado (el 95% de los delitos no son castigados), porque la maquinaria de “procuración e impartición de justicia” se sigue aceitando con dinero, porque la corrupción ha escalado a niveles francamente intolerables, porque el Poder Judicial ha sido el más reacio a introducir reformas, porque se criminaliza la protesta pública y las movilizaciones sociales, porque se siguen dando muchos casos y circunstancias de violación de los derechos humanos, ahora agravados por las fuerzas armadas, y por tantos otros porqués.
En el terreno político tampoco las cosas van bien. Como se sabe, en 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara Federal de Diputados, y de entonces a la fecha ninguna fuerza política ha vuelto a obtenerla, de tal suerte que desde ese año hasta el presente hemos tenido gobiernos divididos, donde el titular del Ejecutivo no cuenta con mayorías en las cámaras.
Es cierto que en el 2000 se dio la alternancia en la presidencia de la república, después de décadas de lucha en pro de la democratización de las estructuras políticas del país, pero el gobierno ausente y veleidoso de Fox, y el gobierno ineficaz e ineficiente de Calderón, además de cuestionado de origen, han provocado una suerte de desencanto de los ciudadanos respecto de la democracia, lo que en muchos sentidos es explicable pero no deja de ser peligroso, o por lo menos preocupante. ¿Acaso no hemos entendido que la democracia no pasa de ser una forma de gobernanza, como ahora se dice, ciertamente imprescindible para la libre expresión de los anhelos y los intereses diversos en sociedades heterogéneas, además de condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la prosperidad de los pueblos?
Habida cuenta de lo ocurrido el 2 de julio de 2006, acontecimiento paradigmático que puso en entredicho las instituciones del país, y sin descontar las enormes divisiones y fisuras sociales que ese suceso produjo, no cabe duda que no hemos podido construir un nuevo entramado de gobernabilidad que facilite la toma de decisiones sobre las grandes cuestiones nacionales, y ni siquiera sobre las menos grandes, de tal suerte que se ha producido una especie de parálisis social en la que todas las fuerzas políticas ponen mucho empeño en obstruirse unas a otras, en lugar de avocarse a resolver los graves problemas que nos aquejan.
La izquierda partidista, o lo que queda de ella está dividida y en fase crítica, tanto que pasó de contar con una intención del voto ciudadano por el orden del 35% a una de 14%, lo que ha provocado su exclusión de la toma de decisiones sustantivas, y cada vez se arrincona o la arrinconan más en papeles meramente testimoniales y contestatarios. Por su lado la derecha, en este caso el PAN, no ha sabido gobernar, o bien ha sufrido el desgaste natural del ejercicio de las funciones de gobierno. Mientras tanto el PRI, que no quiere ni puede tener identidad ideológica porque siempre opta por el pragmatismo, o por las posturas comodinas de acuerdo a las circunstancias, hoy va como en caballo de hacienda, no obstante que los priistas de ayer y los de ahora no ofrecen, en términos generales, nada nuevo sino más de lo mismo.
Por su parte los poderes fácticos siguen gozando de todos los beneficios del viejo régimen, y también de los del “nuevo”: excepciones y consolidaciones fiscales, concesiones generosas en materia de telecomunicaciones y en el espectro radioelectrónico, fortalecimiento de los oligopolios privados con la complacencia de las autoridades, además del poder de veto que en muchas ocasiones ejercen en los hechos cuando están por aprobarse leyes y reglamentos que afectan directa o indirectamente sus intereses.
México no tiene una fuerte tradición asociacionista. A lo largo y ancho del país existen aproximadamente 10 mil organizaciones sociales de todos los tipos: desde los clubes de servicios, organizaciones filantrópicas, cámaras patronales y de comerciantes,  cooperativas, uniones de crédito, sindicatos, grupos ambientalistas y confederaciones de trabajadores hasta las organizaciones que asumen programas políticos de diversa índole. Francia, con una población que ronda los 65 millones de habitantes cuenta con 120 mil asociaciones, y Chile, por mencionar un caso latinoamericano, con una población de 17 millones tiene registradas más de 70 mil agrupaciones sociales.
Es cierto que después del movimiento estudiantil de 1968 surgieron diversas organizaciones civiles, las que se sumaron a las creadas en los años setenta para luchar, pongamos por caso, contra la desaparición de los presos políticos, y luego vinieron las que nacen a la vida después del terremoto de 1985, buena parte de ellas relacionadas con la defensa de los derechos humanos, las reivindicaciones de género, las proclives al cuidado del medio ambiente, y en la década de los noventa surgen las organizaciones que se esfuerzan por hacer avanzar el proceso de democratización del país, y en particular las que se avocan a la observación ciudadana de los procesos electorales.
En 1994 se produce el estallido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual en su momento generó, para amplias capa de la población, fuertes expectativas sobre las posibilidades reales de cambio social, además de que por un tiempo relativamente corto el EZLN se constituyó en punto de referencia y eje articulador de un número significativo de organizaciones civiles, específicamente las de izquierda. A pesar de que tales expectativas se fueron a la baja con el correr de los años, y que los zapatistas no consiguieron el total de las modificaciones legislativas que pretendían para tutelar los derechos de los pueblos indígenas, en otro sentido su aportación no desmerece puesto que por ellos el tema ancestral de la causa indígena, la de los pueblos originales que se agrupan en torno a 56  etnias, con una población de entre 11 millones y 12 millones de habitantes, se puso en el centro de las discusiones, lugar donde merece estar, dada su enorme relevancia para alcanzar niveles superiores de justicia social.
Nadie en su sano juicio puede dudar del papel activo que han jugado las organizaciones independientes y progresistas de la sociedad civil en materias aparentemente tan disímbolas como las reivindicaciones de los trabajadores del campo y la ciudad, los movimientos urbano-populares, los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad, las luchas por la equidad de género, por el libre y pleno ejercicio de las libertades civiles y políticas, por el acotamiento del poder desmedido de los gobernantes, por el ejercicio real y efectivo de los instrumentos de participación ciudadana, por la democratización de las estructuras políticas del país, esfuerzos que se conjugan en la defensa de todos los derechos humanos para todas y todos. Pero también es indudable que la sociedad civil organizada, por lo menos la que existe, no ha desarrollado procesos mayores de aglutinamiento, ni ha acumulado las fuerzas necesarias para incidir, de manera decisiva, en el diseño y la implementación de las políticas públicas que determinan el bienestar de las mayorías.
En otros rubros también se observan estancamientos y retrocesos. Uno de los más importantes es el de la educación. La UNESCO propuso las metas del milenio para combatir el analfabetismo y estableció que estas metas se lograrían si el índice en la materia no rebasaba el 4%.  Pero en México hay 6 millones de analfabetos, 10 millones que no terminaron la primaria y 17 millones que no terminaron la secundaria. Por cada 100 personas que ingresan a la primaria, menos del 10% concluye los estudios universitarios. A todo esto habría que sumar la baja calidad de la educación, como ha quedado de manifiesto en los innumerables estudios hechos por organismos nacionales e internacionales.
¿A qué se debe el desastre educativo del país? Son varias las causas: a) presupuesto insuficiente (es del orden del 4% del PIB, cuando la UNESCO propone el 8%); b) la educación que se ofrece no es pertinente, es decir, en México no se enseña ni se educa para que los ciudadanos sepan hacerse de un modo honesto de vida, tampoco para lidiar con éxito ante los retos y desafíos de mercados de trabajo en constante cambio; c) las políticas públicas han atendido, si acaso, el aspecto cuantitativo, esto es, la extensión de los servicios educativos, pero se ha descuidado la calidad, de tal suerte que al analfabetismo absoluto habría que sumarle el alfabetismo funcional, y ahora el cibernético; d) las universidades, so pretexto de la autonomía, que en muchas ocasiones ha sido interpretada como extraterritorialidad, no están sincronizadas con el sistema productivo del país; e) no se invierte en ciencia y tecnología (sólo se destina el 0.35% del PIB a estas actividades); f) el SNTE, que es el sindicato más grande de América Latina, se ha convertido en un coto de poder que no representa los intereses ni atiende las necesidades de los maestros, y en los hechos obstruye todos los esfuerzos para modernizar la educación.
Concluyendo, tenemos un sistema educativo que es un verdadero desastre. Pero lo peor de todo es que nunca como ahora la educación había adquirido tanta importancia para mejorar las condiciones de vida y elevar los niveles de bienestar en general, dado que este factor juega un papel relevante en la formación de lo que se conoce como capital humano. Si antes la riqueza de las naciones se medía por la extensión de sus territorios, por la posesión de metales preciosos, por las reservas de recursos naturales renovables y no renovables, por los stocks de capital financiero, hoy que vivimos en la era de las sociedades del conocimiento la riqueza social proviene, en su gran mayoría, de las maravillosas producciones que generan justamente el conocimiento y la sabiduría de los seres humanos.
Como recientemente lo dijo José Narro Robles, rector de la UNAM, estamos asistiendo al nacimiento de la “Generación del Ni-Ni”, de los que ni estudian ni trabajan, y no porque lo hayan decidido así sino porque no les ha quedado de otra. Se trata de millones de mexicanos que viven en presentes nebulosos y con futuros clausurados, que han perdido las esperanzas de cambio, pero que están acumulando sentimientos y frustraciones de consecuencias incalculables. Muchos de los excluidos por el statu quo optan por emigrar, en busca del “sueño americano”, dado que su país prácticamente los ha rechazado o, como lo planteara Friedrich Hayek (padre del liberalismo moderno) para ciertos efectos, porque se han convertido en población prescindible, en personas que da igual que existan o no, en virtud de que el mercado no los necesita. Otros, también millones, engrosan las filas de la economía informal, como mecanismo de defensa frente a las adversidades de todos los días, y como una forma de tantas de simple sobrevivencia, lo que dicho así, se entiende a la perfección, pero en otro sentido contribuye a reforzar el círculo perverso de la pobreza.
Los elementos anteriores configuran un panorama nada halagüeño. Hay signos contundentes de descomposición social, de roturas del tejido social y saltan a la vista claramente los fenómenos de anomia, pero a pesar de las evidencias los gobernantes y los políticos tradicionales, amén de los poderes fácticos, se muestran indiferentes y reacios al cambio. En este sentido compartimos la tesis de Denise Dresser, quien sostiene que para los gananciosos del sistema las condiciones actuales representan el rumbo que el país debe seguir, debido a que ellos han sido los beneficiarios exclusivos del estado de cosas prevaleciente; sólo faltaría que dijeran que no hay alternativas, porque el mejor de los mundos es su mundo.
Eppur si muove (y sin embargo se mueve), como lo señalara Galileo. De que ninguna situación se mantiene perennemente sin cambio, por más arraigada que esté, no cabe duda, pero los movimientos pueden ser muy lentos, intercalados con retrocesos, como ha sido nuestro caso, y a saber en qué dirección se produzcan. Se oye, se comenta, se sabe que los grupos insurgentes del país, los que han optado abiertamente por la vía armada, se están reagrupando para resurgir en 2010, y aunque son muy respetables sus demandas y hasta los motivos que los llevaron a tal extremo, consideramos que el recurso de las armas no es el mejor de los caminos para impulsar los cambios sociales que el país requiere.
Cuando se comenta que conviene explorar la ruta de los grandes acuerdos que llevaron a todas las fuerzas políticas de España al Pacto de la Moncloa, después de la dictadura franquista, y a los partidos de centroderecha y de izquierda a la democracia en Chile, después de la dictadura de Pinochet, con el objetivo no de emular ciegamente sino de ir construyendo las condiciones para transitar por procesos similares, algunos interlocutores  responden que el acuerdo entre los grupos y partidos políticos nunca se va a dar en nuestro país porque, se argumenta sumariamente, “México es otro cosa”.
¿Entonces? Si el cambio no va a ocurrir por el lado de los gobernantes y los políticos tradicionales, sean del signo que sean, ni conviene que se produzca a través de la vía armada, ¿qué nos queda por hacer? ¿Debemos esperar pacientemente que el cambio se dé poco a poco, pian pianito, etapa por etapa? ¡Pero hemos estado esperando décadas, si no es que siglos!
Está claro que la clase política mexicana no se encuentra a la altura de los desafíos del presente, y no lo está por su marcada tendencia a privilegiar intereses personales y de grupo, por su insensibilidad social, por su impericia política, porque no llevan en los genes la cultura de la democracia, el diálogo y la concertación, y para acabar pronto, porque muchos no son afectos al cambio, a pesar de que públicamente se muestren como sus paladines.
En uno de sus tantos artículos periodísticos José Woldenberg opinó que los mexicanos habíamos llegado a la democracia, sin haber aprendido a habitarla. No sabemos qué tan cierto es el planteamiento de Woldenberg, y menos después de la elección presidencial de 2006, pero nos queda claro que los partidos políticos no han sabido sortear las peripecias de los gobiernos divididos, donde el Presidente pertenece a un partido y las mayorías relativas de las cámaras a otros.
En condiciones como las descritas se ha vuelto prácticamente imposible llegar a acuerdos sobre las grandes cuestiones nacionales, ya sea la reforma del Estado, las reformas estructurales (v. gr. la hacendaria, la energética y la laboral), las reformas electorales de gran calado, o bien las políticas y estrategias para combatir la inseguridad pública, un tanto porque predominan los intereses personales y de grupo, como ya se señaló,  por las visiones cortoplacistas, o por el predominio de las posturas irreductibles, y otro porque todo se ha sujetado a la politización, en el peor sentido del término, y ahora a la judicialización de una cantidad impresionante de asuntos que tienen que ser esclarecidos y finalmente dictaminados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Cuando vivíamos en el régimen priista del presidencialismo autoritario, en México predominaban las fuerzas centrípetas porque todo emanaba del Presidente y todo fluía hacia él, pero ahora predominan las fuerzas centrífugas, lo que provoca que cada Gobernador se comporte en su entidad como un señor feudal de horca y cuchillo. Esto complica aún más el panorama político, ya de suyo complicado, debido a que cualquier elección local, por pequeña que sea, da al traste con la posibilidad de llegar a acuerdos. ¡Pero el problema es que en México todos los años hay elecciones!, sean las generales a nivel federal cada seis años, las intermedias –también federales-, las elecciones de gobernadores, alcaldes y diputados locales, sumado al hecho innegable de que nadie quiere pagar el costo político de los cambios. En una palabra: la parálisis absoluta.
Dadas las circunstancias descritas, en este contexto es donde debe valorarse el papel que puede jugar la sociedad civil organizada, especialmente la que se nuclea en torno a las organizaciones sociales independientes y progresistas, en la línea de impulsar las grandes transformaciones porque, como si dijéramos una verdad de Perogrullo, no hay cambio sin agente de cambio.
Entonces, nos queda claro que hemos llegado a una encrucijada trascendental para nuestra nación, la cual se puede expresar en los siguientes términos: O la sociedad civil organizada se esfuerza al máximo para formular un proyecto de país que promueva los cambios en todos los ámbitos de la vida nacional o, en su defecto, tendremos que seguir padeciendo las consecuencias negativas del estado calamitoso en el que nos encontramos, situación que, por increíble que parezca, puede deteriorarse aún más, lo que eventualmente se traduciría en una descomposición mayor del tejido social y en manifestaciones de inconformidad de efectos catastróficos.
Se trata, pues, de disputarles la nación a quienes se han adueñado de ella, pero a través de propuestas claras, efectivas y contundentes, y habiendo iniciado un proceso serio de acumulación de fuerzas que nos permita entablar relaciones de interlocución con la clase política y con los poderes fácticos, a fin de que entre todos hagamos los cambios que el país reclama. En otros términos ellos, quienes forman parte del establishment no están dispuestos a promover las grandes transformaciones, como ha quedado de manifiesto en múltiples ocasiones, razón de más para que sea la sociedad civil organizada, principalmente la de vocación democrática y progresista, la que comience el proceso, y la que genere las condiciones necesarias y suficientes para ese efecto, de tal suerte que lo hagan irreversible.
¿Qué proponemos?
Objetivo: Promover un debate amplio entre los diferentes sectores de la sociedad civil para esclarecer las causas y los efectos de la crisis económica, desde la perspectiva de las necesidades y los intereses más sentidos de los grupos mayoritarios de la población, enfatizando la formulación de propuestas ciudadanas de reactivación económica por medio de modelos alternativos que privilegien el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos, una distribución más equitativa del ingreso nacional, el saneamiento de las finanzas públicas a partir de la ampliación de la base de contribuyentes, el fin de los regímenes fiscales de excepción y de la elusión de impuestos, la austeridad republicana, la realización de reformas estructurales con contenido social de beneficio para las mayorías, y la construcción del entramado político que haga posible llegar a grandes acuerdos sobre los asuntos torales, sin descuidar el fortalecimiento de la democracia para arribar a expresiones más participativas e incluyentes.
Hasta ahora las organizaciones civiles con vocación política de cambio han abordado temas específicos, cual más cual menos importantes, de tal manera que en el mejor de los casos ciertamente han contribuido a hacer la diferencia, pero solo en el ámbito de los temas considerados, y las grandes cuestiones nacionales, el rumbo del país y el diseño de las políticas públicas de implicaciones generales han seguido en manos de la clase política tradicional y los aparatos de estado, del main stream, pues.
Si hemos de sincerarnos, tendríamos que decir que nos disgustaría mucho llegar al 2012 sin que hubieran ocurrido los grandes cambios a los que hemos aludido, para que otra vez los políticos le pidan los votos a la sociedad, y después de obtenerlos, para que la manden al cuerno. Entonces, urge que las organizaciones civiles den pasos firmes en la línea sugerida, ascendiendo a niveles cuantitativa y cualitativamente superiores del quehacer político, todo en aras del cambio social para y por el bien de las mayorías.
Este documento tiene el propósito de convencer y motivar a las organizaciones de la ANCA para asumir con seriedad los retos implicados. A partir de este común denominador, tendríamos que darnos a la tarea de iniciar el proceso, discurriendo por las siguientes etapas:
-Primera etapa: Presentación de esta propuesta en la reunión de la ANCA para su discusión y aprobación, a celebrarse el 30 de enero de 2010.
-Segunda etapa: Elaboración y aprobación de la metodología para la formulación del proyecto de país de la sociedad civil organizada. Fecha límite: 27 de febrero de 2010.
Tercera etapa: La formulación propiamente tal del proyecto de país a cargo de las organizaciones de la ANCA. A reserva de explicitar este aspecto en la metodología que se proponga, el documento en cuestión deberá abordar el análisis acucioso y la elaboración de propuestas  en al menos los siguientes temas:
*** Proyecto para el desarrollo económico sustentable con justicia social y distributiva.
***Las reformas económicas necesarias para el apuntalamiento del proyecto anterior.
***La reforma del Estado y el fortalecimiento de la democracia participativa, con énfasis en una reforma electoral de gran calado y en la reforma de los Poderes de la Unión.
***La reforma del sistema educativo del país que conjugue la ampliación de la cobertura con la calidad de los servicios.
***Elaboración de un proyecto de seguridad universal: seguro de desempleo, seguro y servicios médicos de calidad, entre otros.
***La reforma del sistema de procuración de justicia, del entramado policiaco del país y la revisión crítica y propositiva de la estrategia gubernamental en contra de todas las manifestaciones de inseguridad pública.
Estos son grandes agrupamientos temáticos, los que obviamente no agotan todos los asuntos de interés. Es una propuesta meramente indicativa que tiene únicamente la intención de marcar un rumbo, un derrotero.
Fechas: De marzo a julio de 2010 para hacer los análisis y la formulación de las propuestas. El mes de agosto de este año  se destinaría a la sistematización.
-Cuarta etapa: Encuentro o reunión nacional de la ANCA para la revisión y aprobación del documento que derive de la sistematización. Fecha: Septiembre de 2010, teniendo presente la fecha emblemática del día de la Independencia.
-Quinta etapa: Programa de establecimiento de contactos y comunicación con el mayor número posible de organizaciones de la sociedad civil, tanto locales como regionales y nacionales, con el fin de exponerles la propuesta de la ANCA y para motivarlas a que hagan lo propio, a fin de llegar a un encuentro nacional de organizaciones antes de que concluya el año de 2010. El objetivo sería  concertar acuerdos precisos sobre un proyecto de país asumido por la sociedad civil organizada.
-Sexta etapa: Programa de crecimiento y de acumulación de fuerzas: Fechas: Enero-diciembre de 2011 (por establecer una fecha, considerando que esta gran actividad debe ser continua).
Como ya lo mencionamos en el presente documento, se han estado elaborando diversas propuestas sobre el tema en cuestión a cargo de grupos políticos, de intelectuales, de algunas corrientes al interior de los partidos, los centros de estudio y ciertas universidades pero, independientemente de las bondades que contienen, es una verdad palmaria que se ha hecho poco para hacerlas acompañar del capital político y la acumulación de fuerzas necesarios que permitan establecer relaciones de interlocución auténticamente fructíferas con los partidos, los órganos y aparatos de gobierno y los poderes fácticos, de tal suerte que es muy probable que no pasen de ser meros ejercicios académicos, cuando lo que se requiere es justamente lo contrario, a saber: que los miembros del establishment se sientan literalmente obligados a tomar en cuenta tales propuestas, y no que se hagan los desentendidos, o peor aún, que las archiven en el cajón más oscuro para que duerman el sueño de los justos.
-Séptima etapa: Contactar a los partidos políticos, los gobernantes y los poderes fácticos para dialogar en torno al Proyecto de Nación: Fecha: Durante el primer semestre de 2012.
-Octava etapa: Concertación de un Gran Acuerdo Nacional sobre un Nuevo Proyecto de Nación, mediante la participación del mayor número posible de organizaciones de la sociedad civil y los miembros más conspicuos de la sociedad política. Fecha: Antes de las elecciones federales de 2012.
Novena etapa: Supervisión y monitoreo de los compromisos contenidos en el Nuevo Proyecto de Nación. Fechas abiertas.
Está de más decir que el proceso que aquí se expone a través de nueve etapas puede sufrir modificaciones más o menos drásticas, dependiendo de las contingencias y los cambios políticos no previstos.

A la espera de que tomen en cuenta esta propuesta, quedamos de ustedes:

CONSEJO CIUDADANO PERMANENTE
(COCIPE)

Saltillo, Coahuila, 27 de enero de 2010

Responsable de la publicación: Eleazar Cabello Palacios ecapamx@yahoo.com.mx

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