EL ASESINATO DE FUNDIDORA, DE ESTEBAN OVALLE CARREON
Eligio Coronado
Algunas veces la literatura se olvida un poco de la ficción y prefiere decir las cosas
como son, como verdaderamente ocurren en la vida real y entonces adquiere una identidad
testimonial. Esa forma inmediata de referir los hechos puede no ser muy elegante, pero
reconstruir la realidad también tiene su mérito.
Esteban Ovalle Carreón (Monterrey, N.L., 1940) se propuso esto en su libro El
asesinato de Fundidora* dónde rápidamente nos va poniendo en antecedentes de lo que
fuera su centro de trabajo por más de treinta años.
Por momentos la crónica se vuelve dolorosa: “Todo empezó el jueves 8 de mayo de
1986 (…) cuando de pronto escuché una impactante y terrible noticia (…) se estaba
informando que Fundidora había quebrado” (p. 15). El autor hubiera preferido que el
Gobierno liquidara a Fundidora en vez de declararla en quiebra (p. 28) y con él están de
acuerdo el analista político Javier Livas (p. 39) y la columna M.A. Kiavelo (p.41). ¿Por qué
el Gobierno se decidió por la quiebra? Porque así sólo tendría que darle a los trabajadores
un mes de sueldo en vez de una justa indemnización, según Catón en su columna “De
política y cosas peores” (p.40).
Paralela a esta decisión el Gobierno y los medios orquestaron una campaña de ataques
y difamaciones contra Fundidora (por contaminante, p. 22) y contra los mineros (“había
que desprestigiarnos (…), exhibirnos con una campaña sucia en radio, prensa y televisión,
creando una imagen de conflictivos, viciosos, flojos (…) y únicos culpables de la supuesta
quiebra”, p. 23).
El Gobierno también se apuró a legalizar el cierre de la empresa: la juez décimo civil
de la Ciudad de México, Lic. Eva María Esteva MacMaster, emitió el fallo de quiebra de
Fundidora, de acuerdo con una nota de El Norte, publicada el 10 de mayo de 1986 (p. 36-
37).
El analista Javier Livas se inconformó con este fallo alegando falta de jurisdicción
legal de la juez, y denunció: “La quiebra empieza con el juzgado torciendo la ley. ¿Con qué
propósito? Quién sabe” (p. 38). Pasado el cierre, otro problema esperaba a los mineros, la
consigna general de las empresas locales: “no ocupar a los ex trabajadores de Fundidora.
Tan es así que nadie o casi nadie consiguió trabajo en los primeros tres años después del
cierre” (p. 30).
Han pasado veinte años de estos acontecimientos y el autor, Esteban Ovalle Carreón,
se sigue preguntando: “¿A quién favorece esa cortina de silencio con que se ha pretendido
ocultar los verdaderos hechos de la “quiebra”? (p. 17)
*Esteban Ovalle Carreón. El asesinato de Fundidora. Monterrey, N.L.: Edit. UANL, 2005. 45pp. (Colec. Ancla del Tiempo).
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