Aleida Calleja y Gustavo Gómez traen un verdadero revuelo mundial. Dirigentes del organismo internacional que agrupa a las radios comunitarias (Amarc), la primera como vicepresidenta y el segundo como director del programa de Legislaciones y Derecho a la Información, se acaban de apuntar un logro en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, al participar en audiencia especial el pasado 28 de octubre en Washington, DC.
Activistas indomables, han sacado el compromiso de esa instancia y de su relatora de Libertad de Expresión, Catalina Botero, de voltear su mirada hacia el desfasamiento, las contradicciones, los vacíos, las amenazas y las inequidades de la legislación para la radiodifusión en América, y han propuesto un conjunto de principios y buenas prácticas regulatorias que la modernicen y la pongan en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos y los principios sobre libertad de expresión de la 108 sesión de la CIDH.
No es necesario un estudio jurídico, sino sólo asomarse al contenido de esas leyes en nuestros países, para darse cuenta del hecho legal en que se funda el modelo autoritario, concentrador y mercantilista de la radio y la tv en el continente, y las exclusiones que de los medios públicos y comunitarios han mantenido en los marcos regulatorios los congresos nacionales.
Y para demostrarlo se ha presentado un proyecto de estándar para una legislación democrática en radio y tv comunitaria. Los medios que no son sólo los más cercanos a las necesidades y aspiraciones de la gente, sino los que mejor pueden contribuir al desarrollo cultural y democrático porque son “medios independientes y no gubernamentales, que no realizan proselitismo religioso ni son de propiedad o están controlados o vinculados por partidos o empresas comerciales”, carecen en muchos países de un estatus jurídico propio, con la excepción de Uruguay, donde se acaban de otorgar 38 frecuencias como parte del proceso de regularización que se lleva a cabo desde la aprobación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria de diciembre de 2007.
En México, el presidente Felipe Calderón ofreció como candidato, dentro de su plataforma “100 acciones para los primeros 100 días”, otorgar frecuencias para estaciones comunitarias. A 683 días de gobierno, no se ha iniciado proceso alguno de licitación para nadie, menos para las comunitarias.
Es de esperarse que como se lo pidió la Amarc, la CIDH de la OEA proporcione estándares de interpretación de las convenciones y tratados en la materia que puedan servir de guía a los estados miembros en materia de regulación sobre medios de comunicación electrónica. Ya lo hizo así en materia de acceso a la información pública y responsabilidades penales por el ejercicio del derecho a la información. A ver si por lo menos así se animan tanto el Presidente de la República como los legisladores a velar, aunque sea un poquito, a favor del interés general y no sólo por el de los empresarios.

*Profesor de la FCPyS de la UNAM.
www.javiercorral.org

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