En el año de 1940 el gobernador Bonifacio Salinas Leal, puso bajo control del Ejecutivo, la Junta de Planificación, que se encontraba bajo el cargo del alcalde de la ciudad y que tenía como objeto “el desarrollo material de Monterrey de acuerdo con la técnica urbana y los dictados sanitarios modernos”.También informó que la Compañía de Agua y Drenaje recaudó por concepto de cuotas de servicio 1,059,370.49 pesos y que se habían construido tramos de tubería para agua de 3,056.55 metros y para drenaje 1,195 metros, con una inversión de 66,208.87 pesos “siendo los barrios apartados de la ciudad los principales beneficiados”.(11)
En ese año volvió a relucir el antiguo problema de las “cuentas pendientes” sin embargo, por pláticas que celebró el gobierno con la Compañía de Agua y Drenaje “aumentaron las cantidades que por concepto de participación le deben corresponder al gobierno”. En 1941 se recaudaron por concepto de cuotas de servicio la cantidad de 1,346,573.44 con un aumento de 287,203.45 en comparación con el año anterior. Sin embargo a pesar de los esfuerzos realizados la compañía estaba muy lejos de ser eficiente, porque una gran parte de la población carecía de este servicio. No obstante los esfuerzos realizados, el problema del agua seguía siendo crítico debido al enorme crecimiento de la población y la urbanización.
Otro punto en el que el gobierno estaba en desacuerdo con la compañía consistía en que cada vez que ésta invertía en nuevas construcciones de ramales para servicios de agua y drenaje, el estado estaba obligado a aportar un diez por ciento del costo de las mismas. Esto motivó que al gobierno y a la compañía les conviniera que los particulares construyeran sus propias instalaciones para la introducción de los servicios de agua y drenaje.
Sin embargo, el problema radicaba en que este tipo de obras, realizadas por particulares, sólo podían hacerse en aquellos sectores con suficientes recursos económicos, mientras que el grueso de la población no podía efectuar inversiones de este tipo, lo que constituía un problema para las autoridades, ya que eran presionados por estos sectores para que el Estado les proporcionara dichos servicios. El jefe del Poder Ejecutivo, general Arturo B. de la Garza, reconoció públicamente en septiembre de 1944, que la compañía concesionaria se negaba sistemáticamente a satisfacer las necesidades de la ciudad y que obligaba a las autoridades municipales y particulares a invertir grandes cantidades de dinero en la introducción de agua y drenaje.
Conforme esta problemática seguía su curso se comenzó a manifestar el clamor popular en contra de la Compañía de Agua y Drenaje. La XLIX Legislatura del Congreso del Estado que vivió el momento más agudo de esta situación, exhortó al Ejecutivo estatal a “atacar y resolver este problema” ofreciéndose a colaborar estrechamente para que se rescataran “los altos intereses que actualmente se encuentran en manos extrañas”.
La visión de la Compañía de Agua y Drenaje S.A. estaba apegada a un proyecto empresarial, que tenía como objetivo obtener importantes ganancias económicas. La finalidad fue construir obras que le dieran un servicio a la ciudad y cobrarlos proporcionando altas ganancias a la empresa. En esta lógica de rentabilidad no se contempló el otorgar servicios a las zonas marginadas, ya que no estaban seguros que estos sectores pudieran retribuirles ganancias a su inversión.
El Ejecutivo del Estado, Arturo B. de la Garza, reconoció que “jamás consideró el problema desde puntos de vista exclusivamente económicos, sino sobre todo en su aspecto humano”. (12)

El sistema de servicios de Agua y Drenaje
El 20 de noviembre de 1945 después de un largo proceso legal el gobierno del estado adquirió todos los bienes y derechos de la Compañía de Agua y Drenaje de Monterrey S.A., en la cantidad de $ 8,270, 000.00. En manos del gobierno del Estado, la empresa de agua y drenaje de convertiría en “Sistema de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey“. Una de las primeras acciones fue la de invertir en nuevas obras de captación de agua y así aumentar la capacidad de abastecimiento para la ciudad.
El gobierno del estado se enfrentaba en 1946 a un gran rezago en materia servicio de agua y drenaje, al contar la ciudad de Monterrey con “enormes barriadas y colonias de trabajadores” con mucho tiempo de haber sido fundadas y que carecían de estos servicios primarios. La ausencia de dichos servicios generaba problemas de insalubridad donde eran “endémicas las infecciones de origen hídrico” (13).
El pleno del Congreso del Estado hacía énfasis en la dramática situación que afectaba a amplios sectores de la población de la ciudad y clamaba para que se le diera una pronta solución.
Cualquiera que conozca la tragedia diaria de los habitantes de las colonias pobres de la ciudad (…) es el espectáculo doloroso, ultrajante de ver a las familias que se disputan la posesión de una llave (…) éstas son úlceras oprobiosas que hay que extirpar definitivamente del corazón de Monterrey, son quejas angustiosas de niños enfermos y de madres desesperadas que están esperando que se haga un milagro. (14)
El Sistema de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey inició una rápida gestión para ampliar la red del agua y drenaje. Para lograr esta meta cooperó con las “Juntas de Mejoras Materiales” establecidas en algunas colonias, con las cuales el gobierno del Estado erogaba un 50% del presupuesto y los vecinos cubrían la otra mitad; de esta forma se ampliaron las redes de agua y drenaje en colonias populosas como la Independencia, Bella Vista e Hidalgo, entre otras. Se invirtieron 450 mil pesos y se esperaba que esta suma ascendiera al millón de pesos cuando se llevaron a cabo las obras en otras colonias.
En 1946 los ingresos del sistema de agua y drenaje eran de cerca de 2 y medio millones de pesos, y para que agilizara la introducción de la red de servicios en las colonias que la carecían, el Congreso del Estado, por medio de la 51 Legislatura aprobó un impuesto sobre consumo de agua y drenaje a todos los suscriptores que recibieran dichos servicios del “25% adicional sobre el impuesto de los recibos” y que empezaría  a regir a partir de enero de 1947 (15).
Anteriormente se pagaba el 10% adicional, sin embargo, el gobierno señaló que a pesar de que el impuesto de la cuota por servicio de agua seguía siendo de las más bajas en los principales centros urbanos de la república, y ponía de ejemplo al puerto de Tampico, en el que se cobraba a razón de 76 centavos el metro cúbico mientras que en Monterrey costaba sólo 15 centavos.
Con el propósito de defender de los inconformes al Sistema de Servicios de Agua y Drenaje por el todavía deficiente servicio, el gobierno argumentó que “en un período de dos años desde que el sistema es propiedad del estado de Nuevo León, se ha hecho cinco veces más que lo que hizo la compañía en diez años” (16).
Agua y Drenaje en manos del Estado siguió su marcha en el compromiso de satisfacer las necesidades del líquido vital y del servicio de drenaje, no obstante las pugnas políticas de todo tipo que se han sucedido en el transcurso de su historia, se ha mantenido ofreciendo servicio de calidad y con un objetivo de beneficio social.
 
NOTAS
11.-A.G.E.N.L. Informe de Gobierno, Bonifacio Salinas Leal , Septiembre 1940 . Imprenta de Gobierno  Monterrey.
12.- AGENL. Informe de Gobierno, Arturo B. de la Garza. 1944 – 1945. Imprenta de Gobierno, Monterrey.
13.- AGENL. Informe de Gobierno, Arturo B. de la Garza 1945 – 1946, Imprenta de Gobierno, Monterrey.
14.-ibidem.
15.- Archivo del Congreso del Estado de Nuevo León. Periódico Oficial del Estado, 28 de Diciembre de 1946.
16.-AGENL. Informe de Gobierno, Arturo B. de la Garza, 1946-1947, Imprenta de Gobierno, Monterrey

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