México padece niveles de atraso muy notables en diversos aspectos de la vida nacional. Uno de los menos mencionados es la ausencia de una “cultura de riesgo”, lo que produce reacciones de indiferencia, si no es que franco escepticismo, cuando se habla de seguridad.
Pero entre los especialistas y la gente que trabajamos en ámbitos con mayor o menor presencia de factores de riesgo, la situación es muy diferente. En estos sectores, que incluyen ocasionalmente a empresarios con verdadero espíritu emprendedor, surge una madurez conceptual de la que se desprende un imperativo ético que nos lleva a pensar en los casos y situaciones humanas que resultan afectadas por la tragedia, por la catástrofe, por lo imprevisto, y por lo que podríamos definir como una suma de circunstancias de horror, que todos quisiéramos evitar, pero que son inherentes a nuestra condición biológica, y en particular se relacionan con nuestra compleja realidad tecnológica contemporánea.
El concepto mismo Cultura y sociedad de riesgo es muy reciente. El término fue acuñado por Ulrike Beck en 1987, cuando con ese título publicó un libro en el que el autor, tras la tragedia de Chernobyl, demostró que al mayor desarrollo tecnológico característico de nuestra época no le ha acompañado una seguridad en los aspectos más vitales de la gente.
Por el contrario, afirma Beck, la incertidumbre, el miedo y la inseguridad se han multiplicado.
Cuando en 1985 la capital mexicana y una amplia zona del sur y suroeste de nuestro país fueron sacudidos por el gran sismo, junto a la magnitud de la tragedia, uno de los hechos más relevantes en torno al suceso fue la incapacidad del gobierno para reaccionar adecuadamente.
Un año antes, en los linderos del Distrito Federal y el estado de México, se sufrió la tragedia de San Juanico, con su saldo de 300 muertos al explotar la distribuidora de gas licuado de petróleo de PEMEX; hecho que, aunque en menor dimensión, se ha repetido otras dos veces.
Son numerosos y variados los factores naturales y derivados de las acciones humanas los que han generado una creciente sensación de incertidumbre e inseguridad. El cambio climático, con sus presuntas consecuencias en el incremento de número y fuerza de huracanes y ciclones; la siempre constante presencia, en zonas ya determinadas, de sismos y volcanes; pero sobre todo, las complejidades derivadas de una industrialización que se ha expandido físicamente en condiciones de normatividad defectuosa y con frecuencia ni siquiera aplicada o respetada.
Pero en un país como el nuestro, en el que indolentes cantamos que “la vida no vale nada”, lo acostumbrado es tapar el pozo hasta después de que ya cayó el niño.
En Nuevo León, estamos muy orgullosos del desarrollo alcanzado por el cuerpo de Protección Civil. Sin embargo, la iniciativa para crear este organismo indispensable, sólo pudo llegar hasta después de la inesperada y letal tragedia del Gilberto, que nos golpeó ferozmente en 1988.
¿En quién, o en dónde, reside la seguridad?
Por un lado la seguridad nacional descansa en las fuerzas armadas, naturalmente. Pero por otro, esta seguridad de la sociedad, ahora conocida como Protección Civil, implica una nueva forma de responsabilidad que debe ser compartida por el conjunto de todos los actores sociales, aunque la batuta corresponde a la autoridad sectorial, y en este caso particular corresponde nada menos que a la Secretaría de Gobernación.
Este hecho ineluctable da a la tragedia aeronáutica del martes 4 una dimensión todavía de mayor gravedad. Ante los hechos arrojados por las primeras conclusiones en las investigaciones va quedando en evidencia una serie de deficiencias en la operación del avión que transportaba al secretario Juan Camilo Mouriño y a José Luis Santiago Vasconcelos, destacada figura en la lucha contra el crimen organizado, entre otras personas.
Esperemos que las siguientes etapas en la investigación, sobre todo en lo que corresponde a las autoridades mexicanas, continúen con la misma decisión de determinar de manera clara y expedita qué fue lo que sucedió y por qué.
¿Cómo pudo concederse a la empresa Centro de Servicios de Aviación Ejecutiva, S. A. de C.V. un contrato en el que no se fija un mínimo de experiencia específica del piloto para el avión que se había de operar? ¿Con qué criterios y antecedentes técnicos se tomó la decisión?
En estos océanos burocráticos, plagados de sueldazos y privilegios, son varias las oficinas involucradas. Entre otras: la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales; la Dirección de Adquisiciones, Almacenes e Inventarios; la subdirección de Adquisiciones, y la jefatura del departamento de Licitaciones, mas el Órgano Interno de Control. Todas son dependencias de la Secretaría de Gobernación, todas con el nombre y apellido de un responsable que participó directamente en este proceso, y con muchas cosas qué aclarar.
Protección Civil ¿para todos?
Publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas en mayo del año 2000, la ley de Protección Civil establece que será la Secretaría de Gobernación la encargada de aplicar el Sistema Nacional en esta materia, que tiene como “propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de gobierno”.
En su artículo 12, la LFPC establece claramente como responsabilidad de la Segob “asesorar y apoyar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, así como a otras instituciones de carácter social y privado en materia de protección civil”. Subrayo que esto de ninguna manera significa duplicidad de funciones, o que Gobernación asuma funciones específicas que corresponden forzosamente a la Dirección de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Lo que establece el espíritu de esta ley es que debe ser la Secretaría de Gobernación la responsable de aplicar no sólo la propia ley, sino la encargada de diseminar una verdadera cultura de riesgo. Ello implica investigar, estudiar y evaluar riesgos y daños provenientes de elementos, agentes naturales o humanos, que puedan dar lugar a desastres, para ampliar los conocimientos de tales acontecimientos “en coordinación con las dependencias responsables” y difundir toda esa información en la consolidación de una educación nacional en la materia.
Por todo esto resulta muy preocupante que la entidad encargada de combatir la incertidumbre, el miedo y la inseguridad resulte no sólo inoperante para tales fines, sino todo lo contrario. En lo dicho: estamos atrasados en la implementación de una cultura de riesgo, y esta ausencia es en buena medida lo que produce reacciones de indiferencia, cuando no de franco escepticismo.
                                                                    
alfonsoteja@hotmail.com

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